Sistema de Salud en Argentina

Versión no actualizada de: Sistemas de Salud en Suramérica: Desafíos para la universalidad, la integralidad y la equidad/Instituto Suramericano de Gobierno en Salud; Ligia Giovanella, Oscar Feo, Mariana Faria y Sebastián Tobar (Orgs). Rio de Janeiro, ISAGS, 2012.

 

 

Introducción: algunas consideraciones históricas

 

La conformación del sistema de salud argentino es el resultado de diversos procesos históricos. En forma resumida, puede mencionarse que a mediados de 1940 el sector público comenzó a ocupar un papel de liderazgo, tanto como prestador, como en el diseño y desarrollo de políticas específicas para el sector. El primer paso fue la creación de la Secretaría de Salud, que unificó varias dependencias existentes desde principios del siglo XX, como por ejemplo el Departamento Nacional de Higiene. El proceso concluyó con la creación del Ministerio de Salud (MSAL). Estos cambios fueron contemporáneos a la expansión de la oferta pública, el desarrollo de programas de lucha contra en-fermedades endémicas y el fortalecimiento de la intervención del Estado en la organización del sector.

Sin embargo, y a diferencia de los países que construyeron sus sistemas sanitarios a partir de sistemas públicos de cobertura universal sobre la base del financiamiento contributivo propio de la seguridad social, Argentina siguió un modelo dual en el que la cobertura se fragmentó, siguiendo patrones de creci-miento paralelos.

De esta forma, a partir de la década de los setenta el sistema se consolidó insti-tucionalmente con la extensión de la cobertura de seguros sociales de salud a toda la población en relación de dependencia. La Ley 18.610 hizo obligatoria la afiliación de cada trabajador formal a la obra social correspondiente a su rama de actividad, ampliándose considerablemente la cobertura. El sistema de obras sociales (OS) se extendió, asimismo, en forma obligatoria a los jubilados y pensionados a través de la Ley 19.032, de 1971, que creó una institución especial, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) y su servicio principal: el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que tuvo rápidamente un importante desarrollo a nivel provincial.

La expansión de las OS se convirtió en el nexo articulador del desarrollo global del sector, orientando su demanda hacia prestadores privados, empresas químico-farmacéuticas y productores de equipamiento médico (Cetrángolo y Anlló, 2010) quedando rezagado el desarrollo de la red de servicios estatales.

En forma paralela al surgimiento y desarrollo del sistema público y de la segu-ridad social, en la Argentina se consolidó un tercer actor en la prestación de los servicios, tradicionalmente denominado subsector privado. Su origen se remonta a las primeras mutuales de principios de siglo XX, en tanto que su consolidación en el sistema fue producto de inversión en tecnología de punta, cada vez más costosa, realizada en la década de los setenta.

De esta forma, tanto la ausencia de coordinación entre subsectores como la debilidad de la regulación de los componentes no públicos han sido problemas de peso en cuestiones de política sanitaria. Así, en los años ochenta, el sector de salud argentino había consolidado una organización que se caracterizaba por su excesiva fragmentación, rasgo que en menor o mayor grado se ha mantenido hasta la actualidad.

Su falta de coordinación y articulación continúa impidiendo la conformación de un “sistema” de salud propiamente dicho y dificulta tanto el uso eficiente de recursos como el logro de niveles aceptables de equidad en su cobertura. A los problemas de integración entre los distintos subsectores (público, seguridad social y sector privado), se suman las dificultades existentes al interior de cada uno de estos subsectores, potenciando los problemas de la fragmentación.

 

Derechos Sociales y Salud

El derecho humano a la salud, desde el marco de referencia del Derecho In-ternacional de los Derechos Humanos, integra el elenco de los conocidos como económicos, sociales y culturales, que se corresponde con aquellos derechos huma-nos que obligan al Estado a realizar conductas positivas. Esta obligación jurídica que pesa sobre el Estado implica poner al servicio de los ciudadanos un sistema de atención de la salud que abastezca las necesidades del conjunto social.

 

 

Marco constitucional y legal

 

El derecho a la salud no estaba incluido de manera expresa en la Constitución de 1853, sino que estaba contenido a través del artículo 33 entre los derechos no enumerados. Era este un derecho individual anexo al derecho a la vida y su sujeto pasivo era el Estado, que debía abstenerse de violar o dañar la salud. Sin embargo, siguiendo las consideraciones mencionadas en la sección anterior, los constituyen-tes de 1994 plasmaron esta obligación en la norma fundamental nacional. Así, el derecho a la salud, que integra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tiene hoy jerarquía constitucional.

Consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este último ratificado por la República Argentina el 8 de agosto de 1986, con jerarquía constitucional por imperio del artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna, el derecho a la salud está enunciado como el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En el ámbito regional, el derecho humano a la salud se define con un perfil transversal como el derecho a la salud física, mental y social; está contenido en el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, ratificado por la República Argentina el 30 de junio de 2003.

De estos instrumentos internacionales antedichos, se deriva el resto del orde-namiento legal sobre salud en todos los niveles y jurisdicciones. Por ende, el poder estatal se encuentra expresamente condicionado al cumplimiento del deber de tutela de las normas señaladas. De esa manera lo han reconocido los tribunales nacionales en cada oportunidad. Los actos de los poderes públicos deben garantizar, en con-secuencia, un pleno respeto y garantía a estas normas de jerarquía constitucional.

 

Marco jurídico básico

Las siguientes normas organizan el funcionamiento del sistema de salud en la Argentina:

Ley 15.465. Régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria, 1960.

Ley 16.463. Medicamentos, 1964.

Ley 19.032. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensio-nados, 1971.

Ley 23.660. Ley de Obra Sociales, 1989.

Ley 23.661. Creación del Sistema Nacional del Seguro de Salud, 1989. Decreto 150/92. Criterios generales sobre elaboración fraccionamiento, importación, exportación comercialización distribución y datos de seguridad y eficacia a demostrar para los registros de medicamentos en general.

Decreto 1.490/92. Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Decreto 576/93. Hospital de Autogestión. Reglamentación de las Leyes 23.660 y 23.661.

Ley 24.557. Riesgos del Trabajo, 1995.

Resolución 247/96. Establece el Programa Médico Obligatorio.

Decreto 1.615/96. Crea la SSS.

Decreto 53/98. Crea la APE.

Resolución 201/02. PMO.

 

Otras normas relevantes

Ley 17.132. Ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración, 1967.

Ley 22.990. Nacional de Sangre, 1983.

Ley 25.649/02. Utilización de los medicamentos por su nombre genérico, 2002.

Ley 25.673 (. Salud Sexual y Procreación Responsable, 2002.

Ley 25.916. Gestión de residuos sólidos domiciliarios, 2004.

Ley 26.657. Salud Mental, 2010.

Ley 26.682. Regulación de Prepagas, 2011.

Ley 26.688. Producción Pública de Medicamentos, 2011.

 

Principios y valores

El MSAL es el órgano responsable de la rectoría del sistema de salud en la República Argentina. Su objetivo institucional primordial es el de contribuir a alcanzar el mayor nivel posible de salud para la población del país, en el marco de una equidad real de oportunidades y trato.

El Plan Federal de Salud 2004-2007 ha funcionado como marco conceptual del proyecto a largo plazo que debe orientar el desarrollo del sistema sanitario argentino. Como tal, basa sus objetivos en los siguientes principios:

 

Participación social

Siguiendo la definición de la OMS/OPS, que entiende la participación como “la intervención de la población organizada en las deliberaciones sobre la atención a la salud, en la toma de decisiones que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades, y en el control de los procesos así como en la asunción de responsabilidades y observación de obligaciones derivadas del desempeño de su facultad decisoria” (OPS, 2009), la participación en el campo de la salud en Argentina pareciera ser esporádica y, si bien en las últimas tres décadas la comunidad ha aumentado su nivel de participación, tanto en nuestro país como en los demás países de la región, a excepción de Brasil, la participación en la toma de decisiones vinculadas al diseño, ejecución y evaluación de las políticas de salud es aún muy escasa.

En el nivel de la administración pública, la incorporación de la ciudadanía en programas y políticas públicas ya se había producido a inicios de la década de los noventa, e incluso pueden rastrearse experiencias en décadas anteriores. Estos primeros pasos se dieron en el campo de las políticas sociales, en programas de distribución de alimentos como el Plan Alimentario Nacional (PAN), en los años ochenta, o el Plan Asoma, dependiente del Instituto Nacional de Servicios Socia-les para Jubilados y Pensionados, ya en los años noventa. En ambos casos, como en tantos otros, la participación de la ciudadanía o de las organizaciones sociales se remitía exclusivamente a la fase operativa de entrega del bien que el programa contemplaba.

Sin embargo, cuando los programas comenzaron a tomar en cuenta de un modo más sistemático la participación, fue necesario apelar a un marco más sólido que, de todos modos, nunca llegó a convertirse en una institucionalidad definida y con orientaciones claras y específicas al caso. Sin embargo, puede tomarse como refe-rencia de innovación en el campo de la normatividad para la participación (más allá de la existencia de las herramientas), la sanción del Decreto 1.172/03 del año 2003, cuyo título es “Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus Instituciones”, que regula cinco herramientas de participación ciudadana. Estas son las herramientas y sus principales objetivos, según la descripción de Silveri (2007):

En el ámbito específico de las políticas de salud, luego de la crisis del 2001, el Ministerio de Salud implementó en febrero de 2002 el Plan Remediar (Decreto 486/02), cuyo objetivo es “fortalecer el modelo de atención primaria y promover políticas saludables con gestión participativa y de asegurar el acceso a los medicamentos esenciales a la población más vulnerable”. Para llevar a cabo el Plan, el Ministerio creó un espacio de participación a través de dos líneas: los Proyectos Locales Participativos y la Co-misión Asesora Intersectorial (CAI). Esta última, creada con el objetivo de asesorar al Ministerio, inició sus actividades con el mismo programa, ya que intervino en la definición de los consensos básicos y la planificación del programa como una entidad formal. Esta característica nos pone frente a un caso que lo distingue del resto (o de la mayoría): el espacio de participación tuvo injerencia en los orígenes de la política pública, no cuando esta ya estaba en marcha, sino que se habilitaron canales de injerencia en el lanzamiento mismo del programa. La conformación de la CAI es heterogénea: la componen representantes de organismos estatales, como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, además de los Minis-terios de Salud, Trabajo y Educación; organismos internacionales y ONG (Cruz Roja, Cáritas, Confederación Médica de la República Argentina y Red Solidaria de Profesionales de la Salud, del Episcopado católico). Existe también una subcomisión de medicamentos que asesora acerca de los fármacos a entregar a los beneficiarios del programa, a la que se suman el Centro Universitario de Farmacología de la Universidad Nacional de La Plata, Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría.

A su vez, para ampliar la base de sustento, se generaron los Proyectos Locales Participativos. Sus objetivos replican dimensiones tomadas por programas de participación similares: asesorar en la planificación, ejecución, monitoreo y eva-luación del programa; promover el funcionamiento de los Consejos Consultivos Provinciales, Municipales y Locales; propiciar mecanismos fluidos de información entre las distintas instancias; efectuar el seguimiento de la eficaz dispensa de los medicamentos y la participación social mediante monitoreo directo por parte de las ONG participantes en los Centros de Asistencia Primaria de Salud; preparar un informe mensual de evaluación; realizar el seguimiento de las denuncias y pro-poner los mecanismos de solución correspondientes. La combinación de objetivos entrelaza canales de información, construcción de consensos, búsqueda de eficacia en la política, mecanismos de control hacia abajo (verificando la entrega de los bo-tiquines que implica el programa Remediar+Redes) y hacia arriba (monitoreando el Plan en su desarrollo general).

Finalmente, cabe mencionar la diferenciación de la participación que realizó el MSAL para este programa: una participación ampliada, cuando se establece en territorio, a través de los Proyectos Locales Participativos, que tienen un rol de efectores; y por otra parte, una participación restringida, cuando lo que se busca es la eficiencia del programa. En ambos casos, de todos modos, la búsqueda de mayor legitimidad mediante el contacto con sectores de la sociedad civil es un rasgo que no puede omitirse. Programas de este tipo discuten, en la estructura estatal, el poder de la burocracia especializada, generando la irrupción de otro tipo de saberes que pueden apoyar una construcción colectiva para la búsqueda de soluciones, incor-porando la opinión de los “pacientes” de manera activa.

 

Estructura y Organización del Sistema de Salud

 

Modelo político administrativo del país

 

Argentina es una república federal, por lo que las provincias conservan todo el poder no delegado expresamente al gobierno central y su sistema de gobierno es presidencialista. Está regida por una Constitución vigente desde 1853, reformada por última vez en 1994.

Políticamente, agrupa 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del gobierno nacional) y más de 2.200 municipios con mar-cadas desigualdades en cuanto a su nivel de desarrollo productivo y social. Una de las peculiaridades y, a su vez, la causa de muchos de los problemas que presenta su organización federal, se relaciona con esta gran heterogeneidad de su territorio. Las cinco jurisdicciones de mayor envergadura (la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza), donde reside el 67% de la población, dan cuenta de 78% del producto bruto geográfico total. Por otra par-te, las ocho provincias más rezagadas, donde habita el 16% de la población (Jujuy, Misiones, San Juan, Corrientes, Chaco, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero), generan el 7,5% del producto bruto geográfico argentino (CEPAL, 2006).

Como se mencionó anteriormente, la promoción, prevención y atención de la salud no es materia delegada por parte de las provincias al nivel central. Además, a partir del proceso de descentralización territorial por el que se transfirieron los establecimientos sanitarios públicos, los 24 poderes de nivel intermedio tienen en sus manos la atención pública de la salud de sus respectivas jurisdicciones y una enorme autonomía para decidir sus políticas sanitarias.

 

Componentes del sistema de salud

 

El sistema de salud argentino está basado en una estructura política federal profundamente descentralizada en la provisión y administración de los servicios de salud. El financiamiento de servicios se encuentra compartido entre los subsectores público, la seguridad social y la medicina prepaga. El subsector público financia y provee servicios de salud a partir de 24 instituciones descentralizadas, que son los Ministerios de Salud de las provincias, y el MSAL. Aunque formalmente esta cobertura es universal, la población que utiliza los servicios públicos de salud es la población que no cuenta con un seguro de salud. En general, se trata de trabajadores en relación de dependencia o autónomos no registrados, desempleados e inactivos sin capacidad de compra. Este conjunto representaba en el año 2010 aproximada-mente el 35% de la población argentina que accede a la atención médica a partir de efectores públicos (SSS, 2010).

La seguridad social incluye a los trabajadores formales en actividad con sus respectivos grupos familiares y los jubilados. La gestión está a cargo de una gran cantidad de entidades, las obras sociales, que operan como seguros de salud y que no constituyen un grupo homogéneo sino varios sub-grupos altamente segmentados. El subsector de instituciones de seguridad social está conformado por 298 obras sociales nacionales (SSS, 2008), 24 provinciales y el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que financian servicios prestados mayori-tariamente por instituciones privadas y médicos contratados.

Al mencionar las obras sociales (OS), nos referimos a todas las OS comprendi-das por la Ley 23.660 que figuran en el Registro Nacional de Obras Sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud. La gran mayoría son OS sindicales (204), pero también se incluyen: OS estatales, por convenio empresa sindicato, de direc-ción, de administración mixta, por adhesión, de empresa, mutuales; Asociaciones de OS, y las creadas por ley, tal como las del personal de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, Poder Judicial de la Nación, universidades, etc.

Con respecto a la cobertura, las diversas fuentes de información (oficiales y privadas) coinciden en las tasas de cobertura agregada de cada subsector, así como también en otros datos asociados a estas variables. Sin embargo existen problemas de definición y registro que hacen que los valores no coincidan con exactitud. La doble cobertura (seguridad social duplicada por empleo de los conyugues, afilia-ción a una empresa de medicina prepaga de personas que cuentan con obra social, etc.) y la utilización de los servicios públicos por personas con seguro dificultan la precisión de estos datos.

Las Obras Sociales Nacionales agrupan de manera obligatoria a todos los tra-bajadores comprendidos dentro de su rama de actividad. No obstante, desde 1997 este principio fue relativizado permitiendo la libre elección.

El Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) es la institución que otorga cobertura a la población jubilada y pensionada. Es la más importante del país, y como tal, constituye una pieza clave en la definición de con-tratos y mecanismos de pago a prestadores.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) es el ente de regulación y control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud (seguridad social). Por otra parte, en el Congreso de la Nación, las comisiones de Salud y Deporte del Senado y de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, son responsables de dictaminar sobre salud y acciones médico-sociales, higiene, sanidad, medicina preventiva y nutrición, subvenciones y subsidios a hospitales, sociedades, corporaciones o instituciones que desarrollan actividades inherentes a la salud.

A su vez, las Obras Sociales Provinciales (OSP) brindan cobertura a los em-pleados públicos que trabajan para los 24 gobiernos provinciales y sus respectivos municipios. Sus fuentes de financiamiento son las contribuciones salariales de em-pleados públicos y los aportes de la provincia en su rol de empleador. A diferencia de las OSN, creadas a partir de la Ley 23.660, cada provincia dio nacimiento a su propia OSP a partir de una ley o decreto específico. El objetivo es, en todos los casos, el de brindar servicios de salud a sus beneficiarios, principalmente agentes en relación de dependencia de la administración provincial y sus familias. Si bien en varios casos forman parte de la OSP los jubilados y pensionados de la caja de previsión provincial (como ocurre en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos y Río Negro) y los llamados afiliados voluntarios, la mayor parte de la pobla-ción cubierta corresponde al personal de administración pública. El organismo que regula su funcionamiento es el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina.

El sector privado comprende a las aseguradoras que atienden, principalmen-te, a ciudadanos de ingresos medios y altos y a sus familias. Estos tres subgrupos mantienen fuertes interrelaciones tanto a nivel de la provisión de servicios de salud, como en términos de financiamiento y coordinación en aseguramiento social (ADEMP, 2010). Las personas de ingresos medios y altos, particularmente los trabajadores autónomos, pero también asalariados no registrados e inactivos, generalmente acceden a la cobertura de salud a través de la contratación directa o provisión como beneficio salarial complementario, ofrecidos en su gran mayoría por las empresas de medicina prepaga (EMP). Asimismo, este sector asegura a personas que por su condición de actividad aportan a una obra social, pero optan por una segunda cobertura. Si bien no existen datos consolidados, según la información provista por una de las cámaras que nuclean esta actividad, en Argentina operan entre 200 y 250 EMP, aunque las seis empresas líderes concentraron en ese período más del 50% de los afiliados (ADEMP, 2010). Con relación al número de empresas actuantes, debemos destacar que no existen datos oficiales sobre este sector. Los datos privados varían según se contabilicen las empresas que ofrecen seguros, las que también los proveen, las que tienen fines de lucro, las mutuales y cooperativas que no tienen fines de lucro, etc.

Por último, debe mencionarse que entre 1995 y 1996 se diseñó un nuevo sistema para la protección contra los riesgos del trabajo, basado en el funcionamiento de operadoras privadas, denominadas Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, que atienden las necesidades de prevención y reparación de los daños laborales. El sistema está supervisado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Cuadro 1 describe de manera esquemática las características antes mencionadas.

 

Cuadro 1 – Resumen esquemático del sistema de salud argentino

Fuente: extraído de Belló, Becerril-Montekio (2011)

 

Salud pública /colectiva

El Ministerio de Salud (MSAL) es responsable de determinar los objetivos y políticas del sector y de ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo, el MSAL efectúa la fiscalización del funcionamiento de los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, y conduce la planificación global del sector en coordinación con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones. También tiene a su cargo el dictado de normas y procedimientos de garantía de calidad de la atención médica, de manera consensuada con las provincias, e interviene en la aprobación de los proyectos de establecimientos sanitarios que sean construidos con participación de entidades privadas.

El Plan Federal de Salud 2004–2007 estableció las prioridades de la atención primaria y dispuso una asignación creciente de recursos para acciones de promoción y prevención. De la misma manera, el Plan Federal de Salud 2010-2016, aún en discusión, plantea el avance progresivo hacia la descentralización de estas acciones en forma sistemática y organizada, delegando en los gobiernos los esfuerzos para desplegar esta estrategia a partir del desarrollo de políticas saludables, informando y modelando conductas.

El proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública está orientado a fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades sanitarias, nacionales y provinciales, para ejercer las responsabilidades del Estado respecto a la promoción y protección de la salud de la población mediante la medición y el desarrollo de las funciones esenciales de salud pública que son de su competencia, a saber:

A partir de estas funciones, se describen brevemente, y a modo de ejemplo, algunos de los principales programas y su desarrollo en los últimos años:

El programa se inició en el año 2005 en las provincias del NOA y NEA debido a sus indicadores de mortalidad infantil y materna y pobreza. En 2007 comenzó la implementación del plan en el resto de las provincias. En 2010 se encontraban inscriptos más de 900.000 beneficiarios, y el acumulado desde el inicio del plan era de 1.500.000.

– El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable fue esta-blecido en 2002 mediante la sanción de la Ley 25.673. Este Programa, en sus pri-meros años de implementación, estuvo dirigido al fortalecimiento de los programas provinciales a través de acciones de asistencia técnica, capacitación y financiamiento de recursos humanos para reforzar los equipos existentes.

– Desde 1983 se instituyó por ley un Programa Nacional de Sangre. El Minis-terio de Salud de la Nación y las autoridades sanitarias provinciales promueven la donación voluntaria, en el marco del Plan Nacional de Sangre, aprobado en 2002. En 2005 había en el país 578 centros de recolección de sangre, de los cuales 333 eran públicos y 245 privados. Ese mismo año, esos centros procesaron un total de 751.412 unidades de sangre. Sin embargo, la tendencia actual es hacia la reducción y mejoramiento de la calidad de esos centros, generalmente ligados a los hospitales, sin recursos para hacer frente a las crecientes exigencias de la seguridad sanguínea, especialmente después de la aparición del VIH como pandemia. Los objetivos del Plan se llevan a cabo a través de distintas acciones de carácter regulatorio (Comi-sión Nacional para la actualización de la reglamentación de la Ley Nº 22.990 y la redacción de las Normas Nacionales de Hemoterapia), informativo (unificación de registros del Sistema Nacional de Hemoterapia) y educativo (capacitación para el desarrollo de Programas Provinciales de Hemoterapia).

– El Programa Nacional de Desparasitación Masiva fue iniciado por interme-dio del Programa Remediar (que distribuye medicinas de forma gratuita a grupos vulnerables) mediante una intensa campaña durante 2004-2005, que comenzó con la identificación de los focos más problemáticos en la Provincia de Santa Fe, para luego extenderse progresivamente al resto de las provincias afectadas. El programa distribuye mebendazol en zonas donde la población carece de los servicios sanitarios básicos.

A este respecto, se han creado desde 2002 a la fecha alrededor de 100 dispositivos alternativos al hospital psiquiátrico comprendiendo la apertura, en distintas pro-vincias, de casas de medio camino, centros de día, hogares y talleres protegidos con objetivos de emprendimiento social. Algunos ejemplos de implementación de estos dispositivos son el Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA), programa que desde hace más de 20 años lleva adelante el Hospital Estévez, de la Provincia de Buenos Aires, y los programas de subsidios a las familias y familias sus-titutas, como los que se han llevado a cabo en las provincias de Mendoza y San Luis.

– El saneamiento básico sigue siendo un tema pendiente. Según el Censo Nacio-nal de Población, Hogares y Viviendas 2001, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, solo 47,2% de los hogares censados tenían descarga de agua y desagüe a red cloacal, 24,2% tenían descarga a cámara séptica y pozo absorbente, y el restante 27%, descarga directa a pozo o sin descarga de agua. El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, por delegación del Poder Ejecutivo Nacional, ha encarado la construcción de grandes obras de saneamiento básico en todo el territorio del país.

 

Universalidad, Integralidad y Equidad

 

Cobertura de servicios

A continuación se presenta un gráfico que resume la cobertura porcentual por subsectores. Se advierte una supremacía de la población con cobertura de la seguridad social en conjunto (Obras Sociales Nacionales y Provinciales y Programa de Atención Médica Integral), representado un 46%. A su vez, 11% de la población cuenta con cobertura de medicina prepaga financiada a través del encaminamiento de sus aportes desde alguna obra social nacional, mientras un 5% cuenta con este tipo de cobertura de modo exclusivamente voluntario y directo. En tanto dentro del subsector público es posible identificar, por un lado, a beneficiarios de programas y planes estatales de salud (Plan Nacer, Programa Federal de Salud), representando un 2%, y a aquellos con cobertura pública sin garantías explícitas, con un 36%.

Las Obras Sociales Nacionales (OSN) conforman un conjunto heterogéneo de instituciones. Algunas son muy pequeñas, con no más de 3.000 beneficiarios, y otras, muy grandes, con más de 1 millón. Aproximadamente el 70% de los beneficiarios se concentra en unas 30 entidades, mientras que el 45% de las OSN tienen menos de 10.000 beneficiarios. Las características demográficas de acuerdo a la edad y el sexo de los afiliados también varían por institución. Algunas OSN casi no tienen beneficiarios mayores de 65 años, mientras que en otras estos son más de 50% del total. En este sentido, es preciso señalar que para asegurar la cobertura de la población de adultos mayores se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP, también conocido como PAMI), que cuenta con alrededor de 4 millones de afiliados (SSS, febrero de 2011).

 

Gráfico 1 – Cobertura en salud por segmento, Argentina, 2010

Fuente: Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda, 2010 (INDEC/MECON).

 

En el Cuadro 2 se puede observar el tipo de cobertura, la fuente de financia-miento y el organismo de control de las entidades de la seguridad social regidas por la Ley 23.660.

 

Hasta mediados de los noventa, los aportes de cada trabajador eran destinados exclusivamente a financiar la Obras Social (OS) de su sindicato. De esta manera, la cobertura era homogénea dentro de cada OS, pero diferente entre ellas, ya que dependía del salario promedio de la actividad laboral correspondiente y de la can-tidad de beneficiarios.

La reforma iniciada en 1994 permitió la libre elección para los afiliados al sistema de la seguridad social nacional, lo cual implicó apartarse del esquema de solidaridad institucional que había prevalecido hasta entonces. Cada beneficia-rio pasó a poder elegir la obra social mediante la reasignación de su aporte, sin importar el ingreso promedio de la Obra Social Nacional (OSN) de origen ni el del sistema en su conjunto. Como resultado de la reforma, las OSN que tenían un importante número de pasivos y una diferencia marcada de niveles de ingreso (como por ejemplo la de los trabajadores ferroviarios, de seguros o bancarios) se quedaron con los beneficiarios de menor aporte y mayor riesgo de enfermar, una situación casi imposible de sostener (Torres, 2004). Por otra parte, la posibilidad de brindar planes suplementarios hizo que la cobertura de cada OSN dependiera cada vez más de las cuotas extras de sus afiliados, lo que menoscabó la solidaridad interna de las entidades.

Cuadro 2 – Obras Sociales: cobertura prestacional, financiamiento y control, Argentina, 2009

Fuente: DES, MSAL. * PMO = Programa Médico Obligatorio

 

Como fue señalado previamente, subsisten diferencias importantes en el acceso y la calidad de los servicios que reciben los beneficiarios según la OS a la que pertene-cen y su lugar de residencia. Los empleados públicos provinciales y sus dependientes son cubiertos por las Obras Sociales Provinciales (OSP), que no forman un sistema articulado y, a diferencia de las OSN, no son reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud sino que integran el Consejo de Obras y Servicios Sociales de la República Argentina. Sus beneficiarios alcanzan los 6,3 millones y, pese a haber ocupado un lugar secundario respecto de las OSN, su relevancia se ha visto acrecentada a partir del proceso de descentralización del sector público de salud. La importancia de las OSP en cuanto a población cubierta y nivel de gasto es tan grande que las convierte en posibles ejes de una estrategia que articule los sistemas provinciales con seguros a su cargo (Medici, 2002).

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la cobertura de prestaciones médicas para los jubilados fue institucionalizada a partir de la Ley 19.032, de 1971. Los beneficiarios del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden ser las personas titulares de un beneficio de jubilación o pensión del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (actualmente Sistema Integrado de Provisional Argen-tino) y del Régimen Nacional de Previsión, los veteranos de guerra, los mayores de 70 años y los familiares a cargo. Teniendo en cuenta la notable expansión del sistema previsional argentino, el PAMI da cobertura a un elevado porcentaje de la población mayor edad.

Las OS creadas por ley corresponden también al esquema de rama de actividad, aunque en este caso su característica principal es que dicha actividad se relaciona con algún sector estatal específico. De esta manera, este grupo aglomera a más de un millón de afiliados integrantes del personal de las Fuerzas Armadas, de las fuer-zas de seguridad interior (policía federal, gendarmería, prefectura naval) como así también los trabajadores del Servicio Penitenciario Federal, el Poder Judicial de la Nación o los docentes de la Universidad Nacionales y sus familiares.

Bajo la órbita de la Administración Pública Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación ha incorporado en su estructura dos programas que garantizan a grupos poblacionales específicos garantías explicitas de prestaciones: el Progra-ma Federal de Salud (PROFE) y el Plan Nacer. El Programa Federal de Salud (PROFE) asegura el cumplimiento de las políticas de prevención, promoción y recuperación de la salud y el ejercicio del derecho de los afiliados (receptores de pensiones no contributivas) a gozar de las prestaciones médicas conforme lo esta-blecido por el Programa Médico Obligatorio. Este programa tiene como objetivos: transferir lineamientos y políticas sanitarias nacionales a las jurisdicciones, junto con la respectiva distribución de los recursos presupuestarios de acuerdo a los convenios establecidos con ellas; controlar, desde el nivel nacional, los aspectos prestacionales, administrativos contables y legales, mediante acciones de supervi-sión y auditoría que aseguren el cumplimiento de los convenios de cápita integral y generar mecanismos de respuesta a reclamos y/o denuncias y sugerencias de los beneficiarios; y garantizar la difusión y promoción de los derechos y obligaciones de los afiliados. El Plan Nacer brinda cobertura explícita de salud a niños y niñas menores de 6 años de edad sin obra social y a las embarazadas o las mujeres que estén transitando el puerperio (hasta 45 días después del parto) y tampoco tengan obra social.

 

El subsector privado en salud es importante tanto desde el punto de vista sani-tario como del económico. Este tipo de seguro, de afiliación voluntaria, surgió en Argentina a principio del siglo XX y sus antecedentes pueden encontrarse en las mutuales de comunidades de base solidaria o en las agrupadas por oficio o rama laboral. Dentro del sector privado asegurador hay organizaciones y planes asistenciales muy diversos aunque, en términos generales, se orientan a la población de mayores ingresos de las grandes ciudades.

Las aseguradoras privadas o empresas de medicina prepaga pueden ser socieda-des comerciales, asociaciones civiles con o sin fin de lucro, fundaciones y mutuales o cooperativas.

Muchas de las empresas de medicina prepaga intermedian entre las OS y los beneficiarios, ya que las OS delegan la responsabilidad de la asistencia médica. Como ya se mencionó las estimaciones privadas registran entre 200 y 250 entida-des de este tipo, con una gran concentración geográfica importante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. (EUyGSS, 2010- DEIS/ MSAL). En la actualidad, cada prestador negocia libremente con los financiadores la modalidad de contratación y sus valores. Dadas las especiales condiciones en que se desenvuelve la oferta privada del sector, con una gran asimetría informativa y otras importantes fallas de mercado, se generan enormes oportunidades para lograr rentas extraordinarias. Sin embargo, la Ley 26.682, de Regulación de la Me-dicina Prepaga, promulgada durante 2011, toma cuenta de estas fallas y asimetrías, ordenando y orientando este subsector hacia un funcionamiento más compatible con el de las OS.

En relación con la cobertura prestacional, en Argentina existe el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece una canasta prestacional mínima de cobertura. Sin embargo, en la actualidad solamente las OSN y las empresas de me-dicina prepaga están obligadas a ofrecerlo, en tanto que la realidad de las OSP es dispar, dependiendo de las legislaciones provinciales. El resto de la población (sin aseguramiento) no posee garantías explícitas (con excepción de los beneficiarios del Plan Nacer y del PROFE).

El PMO, aprobado por el Decreto 247/96, en su origen definió un listado de bienes y servicios destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento médico y odontológico. En el año 2000, la Resolución 939 del MSAL modificó el decreto y explicitó más las prestaciones a cubrir. Sin embargo, pese a que en sus fundamentos aducía basarse en la prevención, dar prioridad a la atención primaria y a la medi-cina basada en pruebas, nada de esto pudo ser llevado a la práctica. Luego de que el Decreto 486/02 declarara la emergencia sanitaria en todo el país, se aprobó el Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE). A partir de entonces, para la incorporación de prestaciones y servicios se deben respetar criterios de eficacia en función de los costos y de medicina basada en pruebas, con el fin de utilizar eficaz y eficientemente los recursos de la seguridad social.

El PMOE está basado en los principios de la atención primaria de la salud, entendida no solo como la cobertura para el primer nivel de atención sino, fun-damentalmente, como una estrategia de organización de los servicios sanitarios. Por tanto, sostiene el principio de privilegiar la prevención antes que las acciones

curativas. Entre los programas incluidos en el PMOE se encuentran el Plan Materno Infantil, la atención del recién nacido hasta cumplir un año de edad, los programas de prevención de cánceres femeninos, la odontología preventiva y el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.

Luego, ya dentro de la atención secundaria están incluidas las consultas mé-dicas de especialidades reconocidas oficialmente, las prácticas de diagnóstico, los tratamientos de rehabilitación, otras prácticas ambulatorias (hemodiálisis, cuidados paliativos, etc.), las prótesis y órtesis, la internación, la salud mental, los traslados, los medicamentos y las prestaciones de alto costo y baja incidencia.

 

Brechas entre cobertura poblacional y cobertura de servicios

 

Todas las provincias, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuen-tan con una extensa red de servicios hospitalarios y ambulatorios compuesta por efectores públicos y privados. El registro oficial del año 2009, considerando datos del año 2005, elevaba el número total de establecimientos asistenciales a 17.845 y la cantidad de camas hospitalarias disponibles a nivel nacional es de 153.065 (cerca de la mitad es de propiedad pública y la otra mitad privada) (DEIS, 2010). Dentro del sector privado, aproximadamente el 20% de las camas son para internación y el sector cuenta con un promedio de camas por establecimiento menor al de los establecimientos públicos (64 camas en el sector público, 35 en el privado). La mayoría de las clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico son pequeñas y medianas empresas con fines de lucro, intensivas en recursos humanos especializados.

Todo ciudadano puede ser asistido en las instituciones públicas de salud, pero esta cobertura es muy diferente según la provincia (y el prestador dentro de cada provincia). Cada provincia opera con particulares restricciones presupuestarias, sus propias políticas sanitarias, locales y regionales, perfiles diferenciados de demandas y marcos regulatorios específicos (por lo general tienen regulaciones sanitarias pro-pias y legislaciones laborales únicas para el personal de la administración pública).

A nivel microeconómico, se puede afirmar que coexisten diversas modalidades de organización. En rigor, el proceso de descentralización no ha sido uno sino varios, tal vez tantos como jurisdicciones tiene el país, donde se combinan diferentes grados de autonomía hospitalaria y niveles de integración de las redes de atención. Esta diversidad deriva en la inexistencia de un nivel único básico de cobertura asegurada por la atención pública de la salud a todos los habitantes. Además, la localización de cada individuo dentro de cada jurisdicción lo coloca en una posición diferencial frente al acceso a las unidades públicas proveedoras de servicios de salud.

La evolución del gasto público en salud por nivel de gobierno verifica cierta constancia en la participación de los tres niveles, con un amplio predominio del gasto provincial. Los presupuestos provinciales del sector sostienen principalmente a los hospitales, mientras que el estado nacional financia organismos descentralizados y programas. No obstante, pese a que la provisión de servicios de salud está mayormente en manos de los gobiernos provinciales, no parece tener una elevada prioridad en los presupuestos de las provincias. Salvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por razones específicas, en ninguna de las jurisdicciones el gasto en salud representa más del 13% del gasto público total (DAGPyPS, 2010).

Además de la disparidad provincial, deben considerarse la diversidad de la provisión pública y las dificultades para conformar sistemas coordinados. Una parte importante de los centros de atención primaria dependen de las municipalidades, especialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes, con los niveles de autonomía municipal más altos. En este contexto, en varias jurisdicciones ha habido iniciativas y propuestas que han intentado articular un sistema provincial de atención de la salud con los municipios, como los casos de Neuquén y Río Ne-gro. En algunos casos, en especial los relacionados con la conformación de seguros provinciales, dentro de las propuestas se incluyó la participación de los institutos provinciales, además de la coordinación con los gobiernos respectivos.

La oferta de servicios puede describirse sintéticamente mediante los indicadores de habitantes por médico, habitantes por cama, y su combinación, los médicos por cama, en cada provincia, considerando la oferta a cargo de los subsectores público, de seguridad social y privado.

En una primera aproximación a la oferta del sistema sorprende la cantidad de recursos disponibles. Los médicos (5 por cada mil habitantes) y las camas (4,5 por habitante) muestran niveles muy superiores al promedio mundial, e incluso a los registros de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos (SIISA, 2011). Esto pareciera ser el síntoma y el resultado de los problemas de eficiencia que aquejan al sector. Por un lado, la múltiple cobertura tiene su correlato en un uso ineficiente de los recursos humanos; por el otro, la falta de directrices claras en la política de recursos humanos del sector y la puja distributiva al interior del gremio médico determinan una variedad de especialidades médicas que atenta contra un uso adecuado de los cuantiosos recursos humanos.

La heterogeneidad de la distribución de los recursos físicos y humanos en las provincias es otro rasgo distintivo de la organización del sistema de salud argenti-no. Los datos disponibles (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) muestran un número creciente de habitantes por médico a medida que nos trasla-damos de provincias de mayor índice de desarrollo humano (IDH) hacia provincias de menor IDH. Algo similar se observa en relación con la cantidad de médicos por cama, que desciende a medida que pasamos a provincias de menor desarrollo relativo.

Estas asimetrías se mantienen respecto al nivel de gasto público en salud por habitante y la proporción de la población que no cuenta con cobertura de seguros. Provincias como Formosa y Chaco tienen aproximadamente un 57% de población no asegurada, mientras que en otras estos valores caen entre a entre 17% y 21,5%, como en la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego (CNPVyH, 2010). En algunas jurisdicciones la cobertura depende mayormente del empleo público, mientras que en otras, debido a la mayor edad de la población, el PAMI tiene un papel preponderante (CEPAL, 2010).

La concentración y las grandes extensiones territoriales llevan a indicadores de densidad extremos: aunque el promedio nacional es de aproximadamente 13 personas cada km2, la Ciudad de Buenos Aires da cuenta de 13.000 habitantes por km2, mientras que, en el extremo opuesto, la provincia de Santa Cruz ofrece una densidad de 0,8. La brecha entre grupos etarios ofrece la imagen de una nación de desarrollo medio-alto, donde la población menor a 14 años es el 28% y un porcentaje cercano al 10% ya supera los 85 años de edad.

Haciendo una comparación rápida sobre los niveles provinciales de desarrollo social, se puede agrupar las provincias en cuatro categorías: provincias con altos índice de desarrollo humano (IDH2), producto por habitante y los mejores indicadores sociales (por ejemplo: baja tasa de mortalidad infantil). En este grupo se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias patagónicas (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Neuquén), aunque estas últimas con una densidad poblacional muy baja. Luego pueden agruparse las provincias con desarrollo relativamente alto: IDH e indicadores sociales altos. En este grupo se encuentran las cuatro provincias responsables por la mitad del producto bruto geográfico argentino (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza), junto con Río Negro y La Pampa. Un tercer grupo lo conforman las provincias de desarrollo relativo bajo: sus productos promedio por habitante y sus indicadores sociales son inferiores al promedio nacional (La Rioja, San Juan, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Salta y Catamarca). Finalmente pueden agruparse las provincias del norte del país (Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Formosa y Jujuy) de acuerdo a su menor desarrollo relativo: peores indicadores sociales y económicos.

 

En suma, el sistema público de atención de la salud en Argentina se organiza bajo un esquema complejo y muy desigual e inequitativo entre provincias. Se hace cargo, casi en exclusiva, de las tareas de prevención, atención de enfermos crónicos, infectocontagiosos y quemados, de internación psiquiátrica, etc., y sostiene una red de servicios de urgencia y atención básica que cubre todo el país. El subsector público concentra una proporción importante de los recursos de atención en los niveles provincial y municipal. La oferta asistencial responde a la disponibilidad de recursos físicos, humanos, insumos y tecnología. Dentro de los primeros, debe considerarse la influencia sobre la oferta derivada de la propia organización gremial de los profesionales, a través de los “colegios médicos”, que cumplen funciones de autorregulación de sus prácticas. Estas diferencias en la disponibilidad de recursos de toda orden producen brechas y desigualdades en la atención a la salud entre provincias.

 

Financiamiento en Salud

De acuerdo con las últimas estimaciones, el gasto en servicios de la salud en Argentina es elevado a nivel regional. Medido como porcentaje del producto bruto interno (PBI) para el año 2009 se ubica entre 8,6% y 9,4%, según distintas estima-ciones del gasto privado3, encontrándose por encima del promedio de América Latina y más cerca del promedio de Europa. En Argentina, el gasto público, que incluye la seguridad social, representa aproximadamente el 70% del gasto total en salud mientras que el 30% es financiado por las propias familias a través del gasto de bolsillo. En cambio, en los países desarrollados, el aporte familiar representa solamente el 20%, en promedio, del gasto total. La necesidad de incurrir en gastos de bolsillo para acceder a servicios de salud o al consumo de medicamentos es una fuente importante de inequidad. Cuanto mayor sea la contribución del gasto público, más equitativo y redistributivo será el gasto en salud, mientras que una mayor participación del gasto privado da cuenta de un menor grado de solidari-dad del sistema (Titelman, 2000). Esta dualidad, propia del sistema argentino en materia de gasto, elevado como en los países europeos, pero con una estructura de gasto más cercana a América Latina, se corresponde con la dualidad manifiesta en los indicadores epidemiológicos. Medido en años potenciales de vida perdidos, Argentina muestra registros que tienen un valor intermedio entre las dos regiones. El país se ubica por encima del promedio de América Latina en la incidencia de enfermedades no transmisibles, pero simultáneamente muestra una elevada pro-porción de enfermedades transmisibles, ligadas a un menor grado de desarrollo, en comparación con Europa. Esta dualidad se repite y es más evidente al distinguir las causas de muerte por grupos de provincias, lo cual da cuenta del desafío que enfrenta el sistema de salud.

En cambio, si se considera el gasto por habitante en dólares, el nivel de Ar-gentina se encuentra bastante por debajo de los países europeos de menor nivel de erogaciones, aunque se ubica en un nivel superior al promedio internacional y es el más elevado de América Latina.

A partir de esta información se describirán brevemente las principales caracte-rísticas (incluyendo las dificultades metodológicas para realizar estimaciones) y la evolución del gasto en cada uno de los sectores en las secciones siguientes.

 

Gasto público en salud: características y evolución

Según los datos de la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas So-ciales (DAGPyPS), dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el año 2009, el gasto público en salud sumado al de la seguridad social ascendió en valores corrientes a $72.164 millones. Esto implica un crecimiento del 34,5% respecto al año anterior, y un incremento de casi el 404,2% en relación al año 2000. Tomando como universo el período 2002-2009 puede verse un crecimiento sostenido de dicho gasto (público + seguridad social), destacándose especialmente el incremento de 2008 (36,1%). El análisis de estos datos en términos constan-tes muestra un crecimiento de 82,5% entre los extremos de la serie, pasando de $13.880,8 millones en 2000 a $25.333,8 millones en 2009. Las consecuencias de la crisis económica de 2001 se reflejan notoriamente en la evolución en términos constantes de la serie al registrase una reducción del 32,5% en 2002, alcanzando el mínimo valor de la serie en 2003 con $9.090,9 millones. No obstante, en 2004 comienza a percibirse la recuperación del nivel de gasto, aunque con un crecimiento menos pronunciado en términos corrientes, por los efectos de la devaluación. El mayor crecimiento interanual en la serie se registra en 2009, con 27,7%.

Si consideramos el gasto público en salud sumado al de seguridad social, en términos de su participación en el PBI, en el gasto público social y en el gasto público total para el período 2000-2009, no se observan grandes cambios estructurales. En promedio, tuvieron una participación del orden del 4,8% del PBI, destacándose 2009 como el año de mayor participación, con el 6,2%, mientras que 2003 y 2004 registran la menor relevancia, con el 4,3% y 4,2% respectivamente.

El gasto público en salud sumado al de la seguridad social es uno de los valo-res con mayor relevancia sobre el gasto público social, después de Previsión Social y Educación. Para el período 2000-2009, este indicador registra un promedio de 22,6%, sin grandes cambios al interior del período. Alternativamente, el gasto en salud representa en promedio el 14,6% del gasto público total, alcanzando la mayor participación en 2002, con el 15,3%, y la menor en 2007, con el 13,3%.

 

Analizando dicho gasto en salud (público + seguridad social) por nivel de gobierno, para el mismo período, se observa que la Nación presenta la mayor participación, con un promedio del 49,7% (incluye el gasto realizado por el estado nacional, las OSN y el PAMI). Bajo esta estructura las provincias, en promedio, participan en 44% (incluye el gasto realizado por los gobiernos provinciales y las OSP) y los municipios 6,3%.

 

Además de las transferencias presupuestarias a las provincias, el MSAL ejecuta programas nacionales articulados en el marco de la política sanitaria federal. Tal ejecución implica una transferencia, tanto en forma monetaria como en especie (vgr. talleres de capacitación, servicios médicos, leche fortificada, vacunas, anticonceptivos y medicamentos en general). Teniendo en cuenta los montos de estas transferencias correspondientes al año 2009, los principales programas fueron el PROFE, con el 42% del total de los fondos, el Programa de Control de Enfermedades Inmunopre-venibles (25%) y el Programa Nacional de Lucha contra el Retrovirus del Humano, SIDA y ETS, con casi el 10%.

 

No obstante, las provincias participan ampliamente en el nivel de erogaciones de salud, dada su participación en la subfunción de atención médica. Esta subfunción considera los gastos en salud pública ministerial nacional, provincial y municipal. De esta manera, las provincias participan en casi un 70%, en promedio, contra un 15% del gasto en atención médica a nivel nacional, dato que se explica por la descentralización característica del sistema de salud argentino.

Con relación al origen de los fondos utilizados para financiar el gasto público en salud y en relación con el componente de la Atención Pública de la Salud, estos provienen tanto de rentas generales, así como también de créditos internacionales.

En relación con las Obras Sociales Nacionales (OSN), el financiamiento provie-ne de un impuesto al salario, por el cual el trabajador aporta el 3% de su ingreso, y 6% constituye el aporte del empleador. Del total de ingresos por OS, la Adminis-tración Federal de Impuestos retiene un porcentaje que se canaliza hacia un Fondo Solidario de Retribución, cuya función es redistribuir recursos para completar el aporte de los afiliados de menores ingresos y financiar un conjunto limitado de prestaciones e insumos médicos requeridos por algunos tratamientos para enfer-medades catastróficas, gestionado por la Administración de Programas Especiales.

El financiamiento del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensiona-dos (INSSJP) proviene de varias fuentes: los aportes de los trabajadores en actividad, equivalentes al 5% del salario, 3% de aporte personal y 2% de aporte patronal; el aporte de los pasivos, que varía entre 6% y 3% de sus ingresos, y contribuciones del tesoro nacional.

 

Gasto privado en salud: características y evolución

Si se sigue la definición usual que considera que el gasto privado en salud es aquel gasto cuyo destino se basa en el consumo de bienes y servicios de salud reali-zado por las familias (gasto de los hogares), las empresas y las instituciones sin fines de lucro, debemos incluir tres categoría para su análisis:

Argentina cuenta con información primaria fragmentada sobre el gasto global privado en salud, no consolidado en un sistema de cuentas de salud, existiendo en la actualidad tres relevamientos con información sobre gasto de los hogares. La Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGH 2004/2005), realizada por el INDEC, y las Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios Sanitarios (EUGSS 2004/2005 y EUGSS 2010), realizadas ambas por el MSAL y la Universidad de Buenos Aires.

A partir de los datos de la EUGSS, la Dirección de Economía de la Salud ha realizado un análisis del gasto privado total en salud de los hogares en el que esti-maciones preliminares indican que el gasto total promedio en salud fue para el año 2010 de $91,8 mensuales. Si bien este nivel de gasto representa un incremento a valores corrientes con respecto al registrado en el 2005, si se mide como porcentaje del ingreso de los hogares, es aproximadamente un 15% menor. Mientras que en el año 2005 el gasto total en salud para el promedio de los hogares representaba un 13,5% del ingreso, para el año 2010 sólo significaba un 11,4%. Esta reducción del gasto en salud en términos del ingreso de los hogares se observa para toda la población, aunque es más marcada en los quintiles medios y pobres de la distribu-ción del ingreso. En este sentido, entre 2005 y 2010, el quintil medio registró una baja de casi 36%, siguiéndole el quintil 2 con una reducción del 35% y el quintil más pobre, con casi un 28% menos.

El gasto en medicamentos representó para el año 2010 el 44% del gasto total, resultando ser el más regresivo de todos los rubros registrados. Sin embargo, y conforme a lo señalado, puede observarse una baja importante del gasto en medi-camentos como porcentaje del ingreso en los últimos años. A excepción del quintil más rico, en el cual se presenta un leve aumento, todos los quintiles vieron dismi-nuir el gasto en medicamentos como porcentaje del ingreso entre dicho período. De la misma manera, entre el 2005 y el 2010 disminuyó el gasto como porcentaje del ingreso en todos los rubros de gasto, tanto para el promedio de la población, como por quintiles de ingreso, a excepción del gasto en tratamiento, análisis e internación para los quintiles más bajos y el gasto en medicamentos para el quintil 5º, los cuales sufrieron un leve aumento. Estas reducciones hablan de una relativa mejora de la situación con respecto al 2005, pero a nivel general y considerando que los pagos directos del propio bolsillo son una de las formas menos eficientes y menos justas de financiamiento de la salud y pueden acarrear el empobrecimiento de las familias, Argentina todavía registra una de las más pesadas cargas del gasto de bolsillo en salud, como se evidencia en una muestra de 12 países de América latina y el Caribe (CEPAL, 2008).

 

Macrogestión

 

Las sucesivas transformaciones estructurales y organizativas que sufrió el MSAL en los últimos 30 años incluyen: la modificación formal de su misión y función, la transferencia de organismos y responsabilidades a instancias provinciales, la integra-ción o desafectación de áreas y actividades, en el nivel nacional. Podemos recordar un Ministerio de Salud que incluía las funciones de Acción Social y de Medio

 

Sistema de Salud en Argentina 101

 

 

Ambiente en su estructura y funcionamiento y con servicios asistenciales propios, conjuntamente con los programas verticales nacionales, cubriendo gran parte del país. En el año 2004 se inicia la recuperación de la función rectora. Principalmente, a partir del fortalecimiento del Consejo Federal de Salud y el desarrollo de planes y programas con cobertura ampliada en provincias y municipios. Sin embargo, estos planes y programas exigen una integración y articulación, en primer lugar en el ámbito del MSAL, y luego con las autoridades provinciales, con sus propios programas y planes.

 

En este contexto, el mismo ministerio evaluó, junto con la Organización Pana-mericana de la Salud (MSAL-OPS, 2009), el desarrollo de sus funciones rectoras, con los resultados que se describen en la sección siguiente.

 

Rectoría

 

Conducción: El proceso prioritario a intervenir es el correspondiente a la promoción de la salud, la participación y el control social en salud en todos sus subcomponentes, a saber: i) diseño y promoción de políticas de salud pública; ii) fomento de la participación activa de la sociedad civil en la identificación de pro-blemas; iii) planificación e implementación de acciones en salud y iv) fomento de la coordinación intersectorial. Ocupan el segundo y tercer lugar en esta priorización los procesos de dirección, concertación, movilización de actores y recursos; y de for-mulación de estrategias, políticas, planes y programas de salud, con especial énfasis a su interior, no solo en la elaboración sino en su difusión y monitoreo y evaluación.

 

Regulación: La prioridad en este aspecto es el grado de injerencia en la regulación del medio ambiente; la existencia de normas completas, pertinentes y actualizadas para la protección de riesgos ambientales; la fiscalización que debe hacer el MSAL para el cumplimiento de las normativas ambientales que inciden en la salud y la coordinación y colaboración con las autoridades ambientales para reducir los factores de riesgo a la salud. En segunda instancia, la prioridad a intervenir corresponde al marco situacional y respaldo legal para el ejercicio de la función reguladora por parte del MSAL, con especial énfasis en recurso humano capacitado para ello, y con la infraestructura y autonomía necesarias.

 

Financiamiento: En esta dimensión, el proceso a priorizar correspondió a la vigilancia del proceso de financiamiento sectorial, que incluye la capacidad del MSAL de hacer cumplir la regulación, llevar a cabo una estrecha y sistemática vigilancia del proceso de financiamiento sectorial. Ocupa el segundo lugar en la priorización el proceso de redistribución de fondos para compensar asimetrías de mercado, en el cual es necesario dar cuenta de la redistribución de fondos entre seguros y entre niveles regionales.

 

Aseguramiento: Se vuelve prioritaria la definición de poblaciones y territorios que deben ser cubiertos por los mecanismos de garantía de conjunto de prestaciones,

 

102             Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

 

que enfatiza en la labor de la Autoridad Sanitaria Nacional respecto de la protec-ción de los derechos de los usuarios y su difusión. En segundo lugar, corresponde priorizar la definición de un conjunto de prestaciones prioritarias y de informar a todos los asegurados acerca de qué bienes y servicios de salud tienen derecho bajo un plan garantizado de prestaciones.

 

Armonización de la provisión de servicios: Esta dimensión tiene como priorita-ria la mediación entre pagadores, proveedores y usuarios para asegurar la protección de estos últimos a través de una instancia formal designada con este fin y la formu-lación de objetivos sanitarios y políticas sectoriales en el tema. En segundo lugar, se recomienda priorizar la capacidad institucional para la fiscalización y control de los servicios de salud nacionales y regionales, específicamente con referencia a la caracterización de la fuerza de trabajo en salud en el país.

 

Aún respecto del rol del Estado nacional, si bien el MSAL es responsable de acciones de planificación y coordinación con las autoridades sanitarias de las provin-cias; de las acciones que tiendan a implementar un sistema federal de salud y de la articulación y complementación entre los servicios de salud estatales/provinciales, la seguridad social y el sector privado, sus lineamentos tienen valor indicativo, ya que las provincias tienen autonomía en materia de salud y responden por la pro-visión de servicios.

 

En este contexto, cobran especial interés las experiencias del Plan Nacer, el Programa Remediar+Redes o el PROFE, al iniciar modalidades de transferencia de recursos nacionales (monetarios y en especie) hacia las provincias bajo un nuevo esquema de incentivos para cumplir con metas sanitarias compartidas.

 

De la misma forma, en el ámbito de la seguridad social merece destacarse la Administración de Programas Especiales que se ocupa de financiar los costos aso-ciados a enfermedades catastróficas; y las modificaciones incorporadas al Fondo Solidario de Redistribución que, a través del Decreto 1901/2006, disponen que un porcentaje de lo recaudado sea redistribuido nuevamente hacia las obras sociales nacionales en función de las variables edad y sexo según criterios de riesgo médico (matriz ajustada por riesgo por individuo beneficiario), asegurando a las institucio-nes de la seguridad social una cuota mínima mensual por beneficiario que permite afrontar las prestaciones establecidas a través del PMO.

 

Formulación de políticas y planes

 

De acuerdo a la Ley 26.338 de Ministerios del año 2007, las siguientes son las líneas de intervención que agrupan las principales funciones del MSAL:

 

 

Sistema de Salud en Argentina         103

 

 

 

 

 

 

viabilidad política. En un Ministerio rector de la salud, en un país federal, esta categoría de funciones cobra una importancia estratégica ya que las propuestas de desarrollo a mediano y largo plazo son imprescindibles para la conducción sanitaria. Apoya a las jurisdicciones en el desarrollo de estas capacidades.

 

 

 

 

104 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

el apego a la normativa legal de las acciones ministeriales en la administración, presupuesto, personal, contabilidad y finanzas. Promueve la modernización de la normativa legal y la organización institucional, incluyendo la informática, con el fin de lograr la mayor eficiencia posible de la gestión global.

 

Atribuciones de las esferas gubernamentales y coordinación interinstitucional

 

Las atribuciones, responsabilidades y funcionamiento de los distintos niveles de gobierno respecto al sistema de salud ya fueron mencionadas brevemente en los capítulos anteriores. En esta sección merece destacarse el Consejo Federal de Salud (COFESA) como el ámbito de coordinación interinstitucional que ha tenido mayor relevancia con relación al sistema de salud.

 

El COFESA fue creado en enero de 1981 mediante el Decreto 22.373 y es integrado por los ministros de salud de todas las provincias. Desde entonces, cons-tituye el espacio formal de encuentro y articulación de las autoridades sanitarias del país. Nunca fue modificado ni reglamentado por alguna otra norma. El decreto de creación del COFESA prevé un mínimo de dos reuniones ordinarias a lo largo de cada año, siendo la fecha y el lugar preestablecidos en la reunión anterior. La convocatoria a dichas reuniones corresponde al ministro de salud nacional. Este informa los temas que serán tratados en la reunión, que fueron establecidos me-diante consulta a los integrantes del COFESA. Además, según lo indica la norma-tiva, pueden celebrarse reuniones extraordinarias que deben ser convocadas por el presidente o solicitadas por no menos de cinco de las jurisdicciones representadas en el COFESA, también con indicación del temario. Por otra parte, los miembros del COFESA pueden formar comités especiales para el estudio de determinados asuntos, para lo cual deben dar cuenta a la presidencia y mantenerla informada de la realización y resultado de dichos estudios. Las conclusiones a las que se arribe deben expresarse mediante recomendaciones o informes, de los cuales debe llevarse adecuado registro y efectuarse las comunicaciones pertinentes. Además, tal como lo indica la ley, cada año debe realizarse una memoria anual de actividades a la que se le anexará una copia de las recomendaciones e informes recién mencionados.

 

Sin embargo, en la práctica, el COFESA ha tenido desde su creación hasta el año 2001 una escasa incidencia en las decisiones provinciales o nacionales en salud. En los primeros veinte años de su historia, se trató de una instancia activa solo por momentos. Esta tendencia se acentuó de manera significativa durante los años 2000 y 2001, llegándose a desactivar casi completamente al órgano. Sin embargo, a partir del año 2002, el COFESA comienza a adquirir un protagonismo y capacidad de influencia sin precedentes. A partir de la gestión del entonces Ministro de Salud, Dr. Ginés González García, en enero del año 2002 el COFESA adquirió protagonismo y capacidad de influencia. Las reuniones se regularizaron, incorporando temas de

 

Sistema de Salud en Argentina 105

 

 

relevancia nacional y realizándose un mayor seguimiento. No solo ha evolucionado la dinámica de funcionamiento del COFESA, sino que este también ha logrado resultados concretos de política sectorial. Se han tomado importantes decisiones y el gobierno nacional ha podido dar respuesta a las inquietudes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, la concreción de acuerdos sa-nitarios federales, en el año 2004, funcionó como instancia de validación del Plan Federal de Salud 2004-2007, que también ha constituido un importante avance hacia el compromiso intergubernamental y el establecimiento de metas federales.

 

En 2008, y como consecuencia del éxito del COFESA en los últimos años, los legisladores nacionales y provinciales integrantes de las comisiones de salud han creado el Consejo Federal de Legislación de Salud (COFELESA). El objeto del COFELESA es implementar un marco jurídico en materia de salud que tienda a compatibilizar las legislaciones de la nación y jurisdiccionales vigentes y las que en el futuro se dicten, a fin de lograr la equidad ante el derecho al acceso a la salud de todos los habitantes de la Nación. En el marco de la política legislativa en materia sanitaria, el COFELESA tiene entre sus funciones principales las de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros del COFELESA se deben reunir, como mínimo, una vez cada dos meses y la presidencia podrá convocar a reuniones extraordinarias cuando las circunstancias y los asuntos a tratar lo ameriten. De la misma forma, el COFELESA deber invitar a representantes de organismos oficiales, entidades privadas y persona-lidades de reconocida trayectoria e idoneidad vinculadas con el campo de la salud.

 

También en el año 2008, y siguiendo conceptualmente los objetivos del COFESA, se creó el Consejo de Salud Provincial de la Provincia de Buenos Aires. Este organismo contribuye de esta manera a la elaboración de las políticas, planes y estrategias provinciales de salud, teniendo como eje estratégico la concertación y

 

106 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

el consenso interjurisdiccional e intersectorial a efectos de que, en el marco de las normas provinciales, nacionales e internacionales que rigen en la materia, y a partir de la obtención de logros en términos de equidad, accesibilidad, eficiencia técnica y eficacia de resultados en promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, se contribuya a la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.

 

Vigilancia en Salud

 

Si entendemos a la vigilancia en salud como el proceso que consiste en la recolección, registro, análisis y difusión de la información relevante sobre algunos hechos relacionados al estado de salud de las poblaciones que han sido previamente definidas como objeto de vigilancia, realizada en forma sistemática, continua y opor-tuna, entonces su principal objetivo es el de proporcionar la información necesaria para tomar decisiones, ejecutar actividades y evaluar los resultados de las acciones dirigidas a mejorar la situación de salud de la población.

 

La vigilancia de la salud es una función esencial de la salud pública a partir de la cual se debe obtener información actualizada y oportuna relacionada al proceso sa-lud, enfermedad, atención. Tiene diferentes categorías de análisis: socio-demográfica (la estructura, la dinámica y sus determinantes socioeconómicos), epidemiológica (observación continua y sistemática de la ocurrencia y distribución de problemas de salud, los factores de riesgo y protección seleccionados) y sanitaria (características y desempeño de los sistemas de salud, evolución de las políticas y programas sani-tarios). Su propósito es brindar información que permita colaborar en la toma de decisiones necesarias, tendientes al control y la prevención, evaluación de programas y comunicación en salud.

 

Así, a través de la vigilancia de la salud se conforman redes de información en las que se recopilan, analizan e interpretan en forma sistemática y continua datos específicos sobre el proceso de salud enfermedad y acción. A su vez se evalúan re-sultados de intervenciones para ser utilizados en la planificación, gestión, ejecución y evaluación de las prácticas y programas de Salud Pública.

 

Vigilancia epidemiológica

 

En Argentina se sancionó la Ley 15.465 de Régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria, en el año 1960, reglamentada cuatro años después. Según esta ley, están obligados a notificar: a) el médico que asista o haya asistido al enfermo o portador o hubiere practicado su reconocimiento o el de su cadáver; b) el médico veterinario, cuando se trate, en los mismos supuestos, de animales; c) el laboratorista y el anátomo-patólogo que hayan realizado exámenes que comprueben o permitan sospechar la enfermedad. En este marco legal se incluye a todos los

 

Sistema de Salud en Argentina 107

 

 

médicos, más allá del subsector donde se desempeñen. A partir de esta legislación y las periódicas actualizaciones, la última de las cuales es la Resolución 1715/07, se han establecido eventos a vigilar con distintas estrategias de vigilancia, modalidad y periodicidad de la notificación.

 

El MSAL ha impulsado en los últimos años el fortalecimiento de la vigilancia de la salud a través de la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Dicho sistema integra las estrategias de vigilancia clínica, laboratorial, unidades centinela y de programas específicos a través de una plataforma on-line con llegada a diferentes centros decisores. Esta red virtual se conforma a través usuarios habilitados en todo el país, permitiendo tanto la notificación de los distintos eventos, como el análisis sistemático y rápido de la información disponible.

 

El componente de vigilancia epidemiológica tiene como propósito el segui-miento de determinados eventos seleccionados a nivel poblacional o de grupos específicos, con la finalidad de intervenir precozmente en su control y prevención.

 

El SNVS se encuentra estructurado en nodos que corresponden a estableci-mientos donde se carga, consolida, sistematiza, analiza y difunde la información de la vigilancia. Si bien no todos los nodos efectúan una tarea periódica de análisis y difusión de la información, cada vez son más los que lo hacen, logrando por medio de esta retroalimentación mejorar la calidad de los datos.

 

En el SNVS notifican distintos tipos de establecimientos: centros de salud, puestos sanitarios, hospitales, centros privados y de prestaciones en salud, labo-ratorios, organizaciones escolares, municipios y ONG; que integran los distintos niveles jurisdiccionales: zonal, provincial y nacional. Cada nodo es alimentado con información que surge de los equipos de salud en forma directa o a través de lo proporcionado por otros establecimientos de la red asistencial sanitaria.

 

La vigilancia de las infecciones respiratorias agudas en Argentina se realiza a través de diferentes estrategias. Las enfermedades tipo influenza (ETI), también co-nocidas como gripe o síndrome gripal, las neumonías (ambulatorias e internadas) y las bronquiolitis en menores de dos años forman parte de los eventos de notificación obligatoria por parte de los efectores de salud públicos, privados y de la seguridad social. Además, y como parte del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), en el país se vigilan eventos de importancia internacional vinculados a infecciones respi-ratorias como el Síndrome Agudo Respiratorio Severo o la influenza humana por nuevo subtipo de virus. Los eventos de notificación obligatoria representan entre el 3% y el 8% de las consultas de los centros asistenciales (MSAL). Son, actualmente, 91 eventos que se informan a los diferentes niveles del sistema de vigilancia.

 

La estrategia de vigilancia clínica implica la recolección sistemática de los casos registrados por los médicos de los pacientes que atienden, en los distintos efectores de salud, en una planilla conocida como “consolidado C2”, que incluye también los datos de los libros de guardia y la información de los pacientes internados. En

 

108 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

esta C2 se registran los eventos de dos maneras diferentes: por un lado, agrupados por edades (eventos que requieren acciones colectivas de control y que tienen una alta incidencia, como diarrea, ETI, accidentes); por el otro, se registran otros eventos de manera individual con datos mínimos (edad, sexo, lugar de residencia, entre otros) de los eventos que requieren acciones individuales de control y que generalmente se presentan en un número muy inferior de casos. La información de la hoja o consolidado “C2” es incorporada al sistema en los distintos nodos del módulo C2 del SNVS. Esto permite, al nivel local, provincial y nacional, conocer la magnitud de los problemas que han sido registrados y notificados por los diferentes efectores. Este sistema ha logrado diferentes grados de desarrollo respecto de su sensibilidad, oportunidad y cobertura. Se han alcanzado muy buenos indicadores de cobertura en el subsector público, con buena sensibilidad y una oportunidad que mejora con el tiempo.

 

En los últimos 10 años, la notificación prácticamente se duplicó, pasando de 2.416.964 casos de todas las patologías en el año 2000 a 4.800.111 en 2010. Este aumento en la notificación responde a diferentes y variados motivos y si bien la cantidad de casos notificados no tendría por qué tener un correlato en la mejora general del sistema, sin dudas en este caso es el resultado de un fortalecimiento progresivo de la epidemiología en general, y la vigilancia en particular, a lo largo de los últimos 10 años. Se presenta a continuación, a modo de línea de tiempo, algunos de los puntos de inflexión para que este fortalecimiento se consolide. A partir del año 2007 comenzó la implementación oficial en todo el país del Módulo de Vigilancia Laboratorial (SIVILA). De manera paulatina, se fueron incorporan-do distintos laboratorios virológicos a la notificación de pacientes estudiados y los resultados obtenidos de manera semanal. En el año 2009, más de 70 laboratorios de todo el país informaron virus respiratorios en el SIVILA.

 

Por otra parte, durante la pandemia se definió una estrategia de vigilancia por laboratorio de todos los sospechosos de Influenza A (H1N1) pandémica. Esta estrategia se utilizó como plataforma para la notificación y para la referencia y con-trarreferencia virtual de muestras y resultados entre los distintos niveles del SIVILA-SNVS. Hasta la fecha, y desde el comienzo de la pandemia, se han notificado en el SIVILA casi 30.000 fichas con información de tiempo, lugar, persona y resultado de laboratorio que informó en tiempo real sobre los resultados de cada uno de los casos estudiados, permitiendo tomar acciones de prevención y control de manera oportuna y localizada.

 

Es de destacar que existen en Argentina, desde el año 1985, tres laboratorios considerados Centros Nacionales de Influenza, el Instituto de Enfermedades Infecciosas y el laboratorio que se encuentra ubicado en el Instituto Nacional de Epidemiología (INE Jara), ambos dentro del ámbito de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS Dr. Carlos Malbrán); y el Instituto

 

Sistema de Salud en Argentina 109

 

 

Vanella de la Universidad de Córdoba. Todos ellos son reconocidos integrantes de la red mundial de vigilancia de Influenza promovida por la Organización Mundial de la Salud (FluNet).

 

El fortalecimiento del sistema de vigilancia implica la mejora de su oportuni-dad, regularidad, calidad y cobertura. Con respecto a la oportunidad, la mediana del país para el año 2009 fue de 3 semanas epidemiológicas (SE) de atraso en la notificación al SNVS de cada uno de los establecimientos. A su vez, la regularidad del país, medida a través de la mediana de regularidad en la notificación al SNVS de cada uno de los establecimientos para el año 2009 fue de 85% SE.

 

Con respecto a la cobertura del SNVS, pueden mencionarse guarismos del 70% en el ámbito público y de la seguridad social (5.900 de un total de 7.700) y solo el 6% en el ámbito privado (400 de un total de 7.200).

 

Además, se observan a lo largo de los años diferencias significativas entre las provincias respecto de la oportunidad y regularidad de la información. Por ejemplo, hay jurisdicciones con ninguna semana de atraso y el ciento por ciento de regularidad y otras con 6 semanas de atraso y el 80% de regularidad (MSAL, 2010).

 

Un diagnóstico similar se puede hacer de la calidad de los datos a partir de las evaluaciones realizadas. La información que se genera, es variable y poco uniforme para la totalidad del país. Frecuentemente se encontraron diferencias entre esta-blecimientos dependiendo de la dinámica, capacitación y supervisión destinada al recurso humano que se encuentra involucrado en el proceso de generación del dato, punto cardinal de todo el proceso.

 

Es así como hay diferencias en la validez y representatividad de la información, a lo que se agrega la cuestión de la cobertura de la notificación, principalmente por escasa participación del subsector privado y de la seguridad social, tanto de la vigi-lancia clínica como de la laboratorial. Es importante tener en cuenta que los niveles de desarrollo alcanzados por el SNVS difieren entre las distintas jurisdicciones y a su vez dentro de ellas. Ante esta heterogénea realidad y con la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema, se propone una evaluación poniendo especial énfasis en las enfermedades respiratorias agudas dado el contexto epidemiológico actual, a través de la evaluación de los “nodos” y seleccionando atributos cualitativos y cuantitativos del sistema.

 

Vigilancia de enfermedades no transmisibles

 

En los años cincuenta, la vigilancia comenzó a utilizarse para describir las ten-dencias de ciertas enfermedades infecciosas en la población. A partir de los años setenta, las técnicas de vigilancia se comenzaron a aplicar a aspectos más amplios de las enfermedades, incluyendo algunas enfermedades no transmisibles (ENT) que no eran incluidas hasta ese momento, como cáncer, enfermedades cardiovasculares o malformaciones congénitas. En la Argentina, al igual que en muchos países de

 

110             Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

 

Latinoamérica, el SNVS ha sido diseñado teniendo en cuenta, en primer lugar, las enfermedades transmisibles.

 

Aún cuando las enfermedades transmisibles y, específicamente, las emergentes o reemergentes como el dengue, la tuberculosis, las hepatitis, el síndrome urémico hemolítico, las infecciones nosocomiales o la infección por VIH continúan siendo un problema, las enfermedades crónicas ganan posición en las estadísticas de la muerte en la Argentina.

 

Las ENT constituyen la causa de más del 60% de las muertes en la Argentina (DEIS, 2010). Las ENT no sólo son las principales causas de mortalidad, sino tam-bién la principal causa de años potenciales de vida perdidos. A su vez, se asocian a una significativa carga de enfermedad y necesidad de utilización de recursos sani-tarios. El mayor incremento de las ENT se verá en los próximos años en países en vías de desarrollo. Se espera que para el año 2020 un 75% del total de las muertes sea atribuible a este tipo de entidades (OMS, 2005).

 

En consecuencia, la OMS lanzó en la Asamblea Mundial de la Salud del año 2008 el Plan de Acción para la Estrategia Global para la Prevención y Control de las ENT. En dicho Plan se desarrollaron recomendaciones destinadas a los gobier-nos y la sociedad civil para enfrentar el rápido crecimiento de la carga de las ENT y su impacto en la pobreza y en el desarrollo económico en los países de bajos y medianos ingresos.

 

Entre los principales objetivos del plan puede mencionarse:

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, considerando la importancia de las ENT en nuestro país, en el año 2009 se estableció la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable, a través de la Resolución 1083/09 del MSAL. Con el objetivo de reducir la carga de estas enfermedades y sus factores de riesgo modificables se desarrollan políticas de salud relacionadas con regímenes alimentarios saludables, la promoción de actividad física y el control del tabaco.

 

Sistema de Salud en Argentina 111

 

 

El Plan Nacional Argentina Saludable depende de la Subsecretaría de Preven-ción y Control de Riesgos y comprende tres iniciativas o programas: el Programa Nacional de Control del Tabaco, el Programa Nacional de Alimentación Saludable y el Programa Nacional Argentina Camina.

 

As su vez, como parte de estas acciones y con el objetivo de consolidar y organizar un SNVS de ENT, monitorear las principales ENT y sus factores de riesgo y garan-tizar la utilización de la vigilancia en el proceso de toma de decisiones y evaluación para la prevención y control de ENT a nivel nacional y provincial, Dirección de Prevención y Protección de la Salud, dependiente de la mencionada subsecretaría, recoge y coordina el manejo de dicha información con el apoyo y colaboración de otras áreas del Ministerio, del gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, sociedades científicas y ONG.

 

En este sentido, el SNVS de ENT prioriza la obtención de información sobre la distribución y tendencias de los factores de riesgo, de los que un pequeño número explica la mayor parte de la morbimortalidad.

 

Por ejemplo, a partir de datos provenientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud se confeccionan pirámides poblacionales, tablas de morbilidad (egresos hospitalarios) y mortalidad (cardiovascular, por cáncer y por lesiones). Además, se utilizan tablas comparati-vas de las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo 2005 y 2009 y la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud para observar la evolución de los factores de riesgo para ENT. Para evaluar las capacidades existentes a nivel provincial para afrontar la epidemia de las ENT se releva información a partir de los referentes de cada ju-risdicción, mediante herramientas adaptadas a partir de la metodología propuesta por la OMS, que incluye datos sobre: infraestructura para prevención y control de ENT dentro de la estructura ministerial; políticas, estrategias, planes de acción y programas y capacidad del sistema de salud para prevención, detección temprana y tratamiento de ENT.

 

Vigilancia Sanitaria

 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es el organismo de alcance nacional, creado en 1992 mediante el Decreto 1490/92, responsable de asegurar la calidad de los productos de su competencia: medicamentos, alimentos, productos médicos, reactivos de diagnóstico, cosméticos, suplementos dietarios y productos de uso doméstico. Depende técnica y científica-mente de las normas y directivas que le imparte la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del MSAL y actúa un régimen de autarquía económica y financiera a partir de su patrimonio integrado por los aportes provenientes del Presupuesto Nacional y los aportes extraordinarios que realiza el TN, específicamente los prove-nientes de las tasas y aranceles que aplica conforme a las disposiciones adoptadas.

 

112 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

En este marco, la ANMAT tiene como objetivo principal: “…garantizar que los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos a disposición de la población, posean eficacia (cumplimiento del objetivo terapéutico, nutricional o diagnóstico) seguridad (alto coeficiente beneficio/riesgo) y calidad (respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía)…

 

Farmacovigilancia

 

Hace aproximadamente 30 años que en los países europeos y norteamericanos se pusieron en marcha programas nacionales de reportes de efectos adversos de me-dicamentos, luego de que se demostrara, con los hechos acontecidos en la década del sesenta, que las fases de investigación de medicamentos necesitaban una revisión.

 

En la Argentina, entre los años 1970 y 1975 se formularon algunos programas específicos de pesquisa espontánea de efectos adversos, a partir de la labor conjunta realizada por los centros de intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el entonces Instituto de Farmacología y Bromatología, hoy Instituto Nacional de Medicamentos. Luego de esta primera experiencia se sucedieron otros grupos que se ocuparon del tema; sin embargo, las experiencias aisladas motivadas por el entusias-mo de personas y/o grupos de trabajo no fueron suficientes para lograr organizarse a nivel nacional, por la falta de concreción de un sistema de farmacovigilancia.

 

Finalmente, en septiembre de 1993, se crea el Sistema Nacional de Farmacovi-gilancia (SNFVG), según la Resolución 706/93 del ex Ministerio de Salud y Acción Social. Allí se determina “que la farmacovigilancia es una herramienta indispen-sable para el control y fiscalización de medicamentos, ya que permite la detección temprana de los efectos adversos y/o inesperados de los medicamentos en la etapa de uso extendido de los mismos, así como también facilita la percepción de fallas de respuesta terapéutica por deficiencias de calidad”.

 

La creación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia (SNFVG) ha intenta-do brindar aportes científicos para la utilización racional de los medicamentos, permitiendo a las autoridades, entre otras cosas, implementar medidas tales como modificación de prospectos, cambio de dosis, de condiciones de venta o bien restricciones de uso y hasta, en casos necesarios, el retiro del mercado. En estos casos, las decisiones generadas deben contar con sólidos fundamentos científicos basados en criterios de responsabilidad compartida entre la administración central y las empresas elaboradoras

 

El Departamento de Farmacovigilancia (DF) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través de su Servicio de Información de Medicamentos, recibe el material de trabajo de diferentes sectores. El sector interno está constituido por los distintos departamentos de la ANMAT que, en general, son expedientes de consulta sobre efectos adversos de medicamentos. El otro sector, externo, provee las notificaciones de eventos adversos y/o sospechas de

 

Sistema de Salud en Argentina 113

 

 

falta de eficacia o de seguridad de los medicamentos, vacunas, hemoderivados, etc., ya existentes en el mercado. Los distintos tipos de colaboradores pueden agruparse según las siguientes categorías. Los notificadores periféricos son aquellos que, por su trayectoria en el tema, suscriben un convenio con la ANMAT (hospitales, cátedras de farmacología, etc.). Actualmente son 66 en el país. Los notificadores particulares son aquellos profesionales del equipo de salud (médicos, farmacéuticos, enfermeros, nutricionistas, odontólogos, kinesiólogos, etc.) pertenecientes a hospitales, clínicas, cátedras, consultorios privados, farmacias privadas, consultorios odontológicos, etc., que detectan eventos adversos y comunican su hallazgo directamente al DF, contribuyendo al enriquecimiento de la base de datos nacional. Los usuarios de medicamentos son pacientes que, a través de asociaciones de consumidores o en forma particular, envían su notificación al DF (la mayoría relacionadas con sospecha de falta de eficacia y alteraciones de los medicamentos). Finalmente, el grupo com-puesto por las empresas integrantes de la industria farmacéutica: por Disposición 3870/99 y 2438/00 la industria farmacéutica se incorpora al SNFVG, debiendo notificar las reacciones adversas graves o inesperadas, al igual que las que no son graves, recordando siempre que se trata de los eventos ocurridos en Argentina.

 

El material recopilado a partir de estas fuentes es procesado por el DF que luego lo difunde por medio del Boletín de la ANMAT. Después de recibir cualquier noti-ficación, el DF analiza la información mediante métodos farmacoepidemiológicos, envía los resultados a las autoridades de la ANMAT y a los efectores periféricos y genera la información para la edición del Boletín de Profesionales, que es distribuido a los efectores periféricos y a los profesionales de la salud.

 

En el año 1994 el SNFVG fue aceptado por el Uppsala Monitoring Centre de la OMS como país miembro. A su vez el DF envía regularmente las notificaciones de reacciones adversas de medicamentos generadas en la Argentina a dicho centro, situado en Suecia.

 

Por último, es importante mencionar que el SNFVG forma parte de la Red Nacional de Fiscalización de la Sanidad de los Productos para la Salud Humana. Esta red se constituyó como un ámbito de trabajo en colaboración entre la Nación, las provincias y los municipios orientado a fortalecer el sistema estatal de fiscalización en nuestro país y a generar procesos de articulación interjurisdiccional de acciones que favorezcan el cumplimiento efectivo de los marcos regulatorios de los productos relacionados con la salud humana.

 

Tecnovigilancia

 

La tecnovigilancia es el conjunto de procedimientos que permiten reunir in-formación acerca de los eventos adversos y fallas de calidad relacionados con los productos médicos no previstos en las evaluaciones de seguridad y eficacia previas a la autorización, con el fin de desplegar las acciones correctivas pertinentes.

 

114 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

La Disposición 8054/10 de la ANMAT crea, dentro del ámbito de la Direc-ción de Tecnología Médica, el Programa de Tecnovigilancia, cuyas funciones son las de recoger, evaluar y organizar la información sobre los eventos adversos de los productos médicos después de su autorización y durante su comercialización. Este programa permite la implementación de alertas sanitarias y medidas administrati-vas de regulación y control. De esta manera, todas las notificaciones sobre eventos adversos o fallas de calidad son recibidas leídas y evaluadas. Las notificaciones per-manecen monitoreadas en una base de datos para realizar un análisis de tendencia y son investigadas, con excepción de los siguientes casos: empresas sin autorización de funcionamiento, sin registro de producto ni empadronamiento. En estos casos, la investigación es realizada por el Programa Nacional de Pesquisa de Productos Ilegítimos.

 

Como complemento de esta política, en el año 2011 se puso en funcionamiento un novedoso sistema de control y seguimiento de los medicamentos. El diseño de este sistema de trazabilidad, en el que cada empresa o entidad interviniente en la cadena comercial de distribución y entrega de especialidades medicinales debe ge-nerar códigos, propios y únicos por producto, que se incorporan a la base de datos del sistema de la ANMAT, permite prevenir riesgos en la salud por la utilización de productos farmacéuticos ilegítimos, desalentando el robo y el contrabando de medicamentos, reforzando la detección de duplicaciones y desvíos de la cadena legal de comercialización y brindando seguridad a los usuarios. En una primera etapa, se está comenzando a aplicar sobre doscientos productos comerciales, generados en base a 88 ingredientes farmacéuticos activos conocidos como de “alto costo y baja incidencia” y destinados al tratamiento de patologías complejas, entre las que se cuentan las oncológicas, el VIH/Sida, hemofilia, artritis reumatoidea, fibrosis quística, tratamientos específicos contra el asma, acromegalia, degeneración macular húmeda y los de anemia relacionada con la enfermedad renal crónica. También se aplica a productos para el tratamiento de la hepatitis crónica, de trastornos autoin-munes, esclerosis múltiple, hipertensión arterial pulmonar, síndrome mielodisplásico y algunos casos de osteoporosis.

 

La finalidad principal de la investigación de notificaciones asociadas a la utiliza-ción de productos médicos es verificar la relación de causalidad entre el producto y el evento adverso para poder impedir o minimizar la probabilidad de ocurrencia de daños a la salud de la población expuesta al producto. La Disposición 8054/10 crea también el Comité Asesor en Tecnovigilancia, en el que se invita a participar a los decanos y/o representantes de las facultades de medicina, farmacia y bioquímica, ingeniería y odontología de la Universidad de Buenos Aires, los presidentes de la Asociación Médica Argentina, la Confederación Médica de la República Argentina, la Academia Nacional de Medicina, y profesionales de indiscutible trayectoria en el ámbito científico y ético. Este Comité Asesor en Tecnovigilancia participa en la

 

Sistema de Salud en Argentina 115

 

 

investigación de las notificaciones. Si la investigación comprueba que el producto es la causa del evento adverso, el Programa de Tecnovigilancia adoptará las medidas que correspondan: determinar modificaciones en el registro del producto, rótulo, instrucciones de uso, manual de uso del producto, suspensión de fabricación y/o importación, comercialización y hasta baja del registro, para prevenir, disminuir y eliminar el riesgo para la salud.

 

Vigilancia alimentaria

 

El Instituto Nacional de los Alimentos (INAL) es la autoridad encargada de las tareas de vigilancia de los productos de su competencia y es el responsable de responder a las inquietudes y reclamos recibidos sobre estos productos.

 

El INAL elabora recomendaciones y emite alertas sanitarios ante situaciones de riesgo motivadas por productos o procedimientos potencialmente peligrosos. Sobre la base de esa información, realiza acciones tendientes a: identificar en forma temprana los alimentos que no cumplen con los requisitos del Código Alimentario Argentino; retirar del mercado los productos contaminados; corregir las malas prácticas de elaboración utilizadas en los establecimientos y en los hogares; realizar acciones tendientes a la prevención y el control de las enfermedades de transmisión alimentaria y evaluar la efectividad de programas y normas alimentarias.

 

Vigilancia ambiental en salud

 

Funcionan en el país 21 Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica que responden al Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones. La mayoría de estos centros se encuentran en las provincias más ricas y no solo asesoran sobre intoxicaciones por plaguicidas, sino también sobre medicamentos, sustancias y productos químicos potencialmente tóxicos. Asociada a este programa funciona la Red Argentina de Toxicología, que agrupa a asociaciones científicas, organismos gubernamentales y laboratorios especializados y funciona con el soporte de la biblioteca virtual de salud y ambiente.

 

A continuación se describen brevemente los principales aspectos relacionados con las políticas de regulación y vigilancia respecto a la calidad del aire, el agua y el suelo

 

Calidad del aire

 

Históricamente, la Ley 20.284 de 1973 estableció la norma de calidad del aire y los valores de alertas, de alarma y de emergencia. Las provincias adhieren a ella o fijan sus propios niveles máximos de emisión de acuerdo a tipos de fuentes fijas. Algunos municipios de las grandes ciudades han reglamentado localmente aspectos de las fuentes fijas y móviles con vistas a mejorar la calidad del aire. Esta ley nunca fue reglamentada y por ello su aplicación es relativa y poco operativa.

 

116 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

A su vez, la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, promulgada en 1992, indica estándares de emisiones gaseosas de fuentes fijas y niveles guía (para monitoreo de 30 minutos) para sustancias peligrosas; mientras que el Decreto 875/94 sobre Nor-mas Complementarias del Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte establece valores límite de emisiones y métodos de ensayos y medición.

 

Entre estos años, el MSAL tuvo una larga trayectoria en la gestión, progra-mación y evaluación de la calidad de aire, así como en formación de recursos humanos. Estas actividades fueron concretadas entre la Nación y las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán Córdoba, Mendoza, Jujuy y la Ciudad Autóno-ma de Buenos Aires (CABA), articuladas a través de un Programa de Evaluación y Control de la Calidad de Aire, integrando la Red Panamericana de Muestreo Normalizado de la Contaminación de Aire (RED /PANAIRE/ CEPIS/ OPS) desde 1972 hasta 1982.

 

A partir del año 1987, el país tomó la decisión de integrarse al Sistema de Vigi-lancia de Medio Ambiente, proyecto GEMS-AIRE\OPS\OMS, siendo la instancia coordinadora la ex-Dirección Nacional de Calidad Ambiental. Formaron parte de la Red las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Tucu-mán y Chubut, además de la Dirección Nacional de Calidad Ambiental. Algunas de las estaciones que operaron en el marco del GEMS-AIRE dejaron de funcionar. Sin embargo, se han instalado nuevas estaciones bajo dependencia de las mismas instituciones provinciales o bajo organismos municipales que se integraron a la Red Nacional de Calidad de Aire y Salud entre 1994 y 1997.

 

Por ejemplo, en el ámbito de la CABA, la Ley 1.356 de Contaminación At-mosférica establece la fijación de estándares de calidad de aire y la obligación del monitoreo continuo. Actualmente, en la CABA se realiza el monitoreo y control de fuentes contaminantes del aire, fijas y móviles.

 

Argentina es parte del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgáni-cos, el que se aplica en los países a través del Plan Nacional de Implementación y se ejecuta por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En 2004 se publicó el Inventario Nacional de Dioxinas y Furanos y se identificaron los factores de emisión según las actividades y fuentes generadoras de estos tóxicos y, en 2002, se sancionó la Ley 25.670 de Presupuestos Mínimos para la Eliminación y Gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, que establece su eliminación total para 2010.

 

En 2003 fue necesario remover en la Provincia de Santiago del Estero el ente-rramiento clandestino de plaguicidas organoclorados (hexaclorociclohexano, mayo-ritariamente) más importante conocido hasta el momento en el país. Los tóxicos habían sido enterrados en 1990 y se levantaron 200 toneladas métricas de residuos a los que se dio tratamiento y disposición final.

 

Sistema de Salud en Argentina 117

 

 

El Gobierno Nacional, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Red Argentina de Toxicología, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente pueden contarse entre los impul-sores de un esfuerzo relevante en materia de salud ambiental, sobre todo a partir de 2003. Dentro de la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil del MSAL se constituyó una unidad coordinadora sobre salud ambiental infantil, integrada por representantes de la Dirección de Promoción y Protección de la Salud y de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, quienes trazaron el perfil de la salud ambiental en la infancia y formularon los lineamientos del Programa Nacional sobre Salud Ambiental Infantil. Por su parte, el proyecto Salud de los Niños en la Argentina (SANA) tiene como uno de sus objetivos la protección de la salud de los niños a partir de la identificación de las amenazas ambientales a las que está expuesta la niñez. Los principales resultados del perfil SANA, publicado en el año 2007, son el primer paso hacia el desarrollo de un sistema continuo de recolección, análisis y comunicación de la información en esta materia, así como la realización de investigaciones de campo y la implementación de intervenciones en la comunidad.

 

De esta forma, la Dirección de Promoción y Protección de la Salud, a través del Departamento de Salud Ambiental, considera de importancia revitalizar el tema desde una perspectiva centrada en los riesgos, con intención prioritariamente pre-ventiva. Sin embargo, la información básica para evaluar la situación y cuantificar tendencias es limitada, y la información epidemiológica es muy escasa. El crecimiento poblacional en zonas urbanas ha aumentado dichos riesgos y el número de sujetos expuestos a ellos, año tras año.

 

Calidad del agua

 

A partir de 1998, en el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, organismo actualmente dependiente del Ministerio de Planificación, Fede-ral, Inversión Pública y Servicios, se inició la elaboración de niveles guía de calidad de agua ambiente, teniendo como premisa contar con un marco referencial que sirva como herramienta para fundamentar consistentemente las decisiones sobre la asignación de destinos para los recursos hídricos superficiales y definir estrategias apropiadas para la protección y la recuperación de la calidad de dichos recursos. Tal elaboración, emprendida originariamente como un proyecto, constituye actualmente una actividad permanente desarrollada por la Dirección Nacional de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos a través del Programa de Calidad del Agua.

 

La elaboración de los niveles guía nacionales de calidad de agua ambiente tiene como objetivo establecer pautas referenciales de calidad asociadas a la salvaguardia de los componentes bióticos involucrados en los siguientes destinos asignados al agua ambiente en la República Argentina: fuente de provisión de agua para consumo humano; protección de la biota acuática; irrigación de cultivos; bebida de especies de producción animal y recreación humana.

 

118 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

Calidad del suelo: residuos sólidos urbanos

 

En la Argentina existen poco más de 2.200 municipios a los que se ha asignado competencia primaria en la administración y provisión del servicio de manejo de los residuos domiciliarios. En algunos casos, el servicio de recolección y disposición final de residuos domiciliarios lo brinda el municipio, pero en muchos otros se ha tercerizado el servicio a empresas privadas. El indicador más representativo respecto a la cantidad de residuos producidos está dado por la generación per cápita (GPC), que se refiere a la cantidad de residuos en kilogramos que produce a diario cada habitante. La GPC media del país se encuentra entre 0,91 y 0,95 kg/hab. día; con un máximo de 1,52 kg/hab. día para la CABA y un mínimo de 0,44 kg/hab. día para la Provincia de Misiones. De esta manera, en Argentina se genera un total de 12.325.000 Tn/año; el mayor generador es la Provincia de Buenos Aires, con 4.268.000 Tn/año, y el menor Tierra del Fuego, con 26.000 Tn/año, de acuerdo a los datos provistos por el Observatorio Nacional para la Gestión de los Residuos Urbanos Sólidos de la Secretaría de Medio Ambiente.

 

En 2004, el gobierno nacional, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, desarrolló la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), con objeto de realizar un diagnóstico de situación y analizar la posibilidad de proveer tratamientos y tecnología de disposición final ambientalmente adecuada para los residuos sólidos. En septiembre de 2004 se promulgó la Ley 25.916 de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios. Como anexo a la ENGIRSU se presentó, en 2005, la Estrategia Nacional de Residuos Peligrosos de Origen Doméstico, que tiene como objetivo abordar la problemática de estos residuos a partir de la toma de conciencia de la población mediante la promoción de la recolección diferenciada.

 

Riesgo de desastres naturales

 

La Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) es el organismo rector en materia de prevención de desastres y mitigación de sus efectos negativos. Hay 1.287 establecimientos de salud en las provincias más expuestas a sismos, en las zonas de inundaciones, 8.548, y en las zonas más afectadas por las nevadas, 2.220. No existe un plan de respuesta único ante los desastres naturales ya que cada provincia trabaja en la elaboración del suyo propio. Aproximadamente 30% de los hospitales cuenta con un plan de desastres. Existen equipos de respuesta ante desastres, tanto a nivel nacional como provincial, y la DINESA posee también reservas propias de medicamentos esenciales y suministros para estos casos. Datos no publicados de la encuesta sobre preparativos y mitigación de desastres por parte del sector salud, que se sometieron a discusión en la Reunión Regional de Coordinadores de Desastres de la OPS en mayo de 2006, señalaron que 42% de los hospitales construidos en los últimos cinco años garantizan su funcionamiento en caso de desastres y 20% de los hospitales cuentan con estudios de vulnerabilidad estructural y no estructural.

 

Sistema de Salud en Argentina 119

 

 

Fuerza de Trabajo en Salud

 

Según datos del MTEySS (2007), el sector salud ocupaba en 2006 a 678.000 trabajadores, que constituían el 4,7% de los ocupados totales de la economía, mereciendo destacarse las siguientes tendencias: una mayor concentración de pro-fesionales (55,2%) con relación al total de ocupados (19,2%); un mayor peso de la relación de dependencia (80,1%), respecto de lo registrado en el agregado de la economía (75,1%) y una composición de género específica (68,1% mujeres) y una participación del empleo público que alcanzaba el 40,9%.

 

La cantidad de médicos en el país ascendía en el año 2001 a 121.076 con una relación de 33,3 médicos cada 10.000 habitantes, con un rango que iba de 111/10.000 habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 15/10.000 ha-bitantes en la provincia de Formosa. Además, en los Centros de Atención Primaria de la Salud trabajaban en el año 2005 el 16,81% de los médicos totales del país (Abramzón, 2005).

 

De los médicos matriculados en el MSAL (2007), es decir sin considerar los registros provinciales, el 44,6% (40.845) ha certificado alguna especialidad y del total de especialidades certificadas, el 39,2% (16.027) corresponde a especialidades vinculadas al primer nivel de atención.

 

Por su parte el total de enfermeras en el país ascendía en 2005 a 84.200, teniendo en cuenta las licenciadas, profesionales y auxiliares (MSAL, 2006). Se tiene una relación médico/enfermera de 1,5/1 en todo el país (incluso 4 a 1 si se consideran solamente las enfermeras calificadas (Mera, 2007). De todos modos la relación médicos/enfermeras no es uniforme en todas las jurisdicciones, existiendo una alta relación inversa en la región centro, mientras que en las otras regiones del país es de 1 a 1 y, en algunos casos, el número de enfermeras supera al de médicos.

 

En nuestro país, la enfermería constituye un grupo profesional heterogéneo con diversas expectativas y opiniones respecto de lo que deben ser sus funciones, responsabilidades y campos de acción. Los recursos humanos de enfermería en Ar-gentina están conformados por los licenciados en enfermería, de grado académico; las enfermeras profesionales o universitarias, que poseen 3 años de estudios y son formadas en instituciones de educación superior universitaria y no universitaria, y los auxiliares de enfermería, que sólo cuentan con un año de estudios luego de la formación primaria.

 

El nivel de profesionalización del total global de ese recurso humano es bajo, por la prevalencia de auxiliares sobre el resto del universo laboral de la fuerza. La distribución promedio según la titulación alcanzada arroja un 7,29% de licenciada/ os, un 29,78% de enfermera/os profesionales y un 63% de auxiliares. En el sector público, según información provista por los Departamentos Provinciales de Enfer-mería en junio de 2008, del total de trabajadores de enfermería, los licenciados/

 

120 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

as de grado universitario representan el 7%, los enfermeros/as el 30% y los auxi-liares en enfermería el 63%. Analizado el peso relativo del personal de enfermería del sector público por jurisdicción, se observa que la mayoría de las provincias tiene un alto porcentaje de auxiliares de enfermería, encontrándose un rango que oscila entre 92,53% y 35,20% (corresponden a Santiago del Estero y Entre Ríos respectivamente). La situación es crítica en provincias como Santiago del Estero, Corrientes, Catamarca y San Luís, con una alta proporción de auxiliares (90 %). Con porcentajes que superan 80%, se hallan Misiones, Chaco, La Pampa y La Rioja y son seis las jurisdicciones que poseen valores por encima del 70%: Río Negro, Tucumán, Buenos Aires, San Juan, Formosa y Chubut. Por debajo del promedio nacional (del 63%) se encuentran Mendoza, Santa Cruz, Jujuy, Neuquén, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

 

Formación y educación permanente

 

A partir de la Ley de Educación Superior de 1995 existen políticas definidas para la formación de los profesionales de la salud. La Ley establece una serie de requisitos para aquellas profesiones cuyo ejercicio está regulado por el Estado y que pudieran poner en riesgo la salud de la población (Art. 43). De este modo, las carreras relacionadas con la salud se encuentran bajo regulación de la mencionada normativa (OPS, 1998). Las carreras del equipo de salud que se encuentran incor-poradas a esta regulación son Medicina, Odontología y Veterinaria.

 

La información para el año 2008 indica que en nuestro país se encuentran funcionando 29 carreras de medicina, de las cuales el 40% es de gestión estatal y el 60% de gestión privada. De los 71.154 jóvenes que estudian la carrera de medicina, el 88% acude a universidades públicas. La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires concentra el mayor porcentaje de estudiantes de medicina, con el 40% del total del país (Galli, 2009).

 

En los últimos años se ha observado una desaceleración en la creación de carreras relacionadas con la salud, particularmente en las universidades privadas y, fundamentalmente, en medicina. Las causas podemos encontrarlas en la imple-mentación de mecanismos de evaluación y acreditación por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, creada por ley nacional y dependiente del Ministerio de Educación. Esto produjo modificaciones en varias universidades, resultando en el establecimiento de cupos para la carrera de medi-cina, así como también un replanteo de los modelos pedagógicos. No obstante, la formación de los profesionales de la salud continúa realizándose en una importante cantidad de instituciones públicas y privadas (Abramzón, 2005).

 

Para el caso de Enfermería los estudios universitarios se realizan en dos ciclos, un Ciclo Básico o de Pregrado (entre 1600 y 2000 horas de carga horaria) que otorga el título de Enfermero Universitario, y un Ciclo de Grado, que permite la

 

Sistema de Salud en Argentina 121

 

 

obtención de la Licenciatura (Abramzón, 2005). Sin embargo, la formación de los enfermeros se puede realizar en varios niveles: formación universitaria, como fue mencionado, formación profesional (técnica, equivalente en contenidos a la de pregrado universitario) y formación como auxiliar de enfermería. Para el ejercicio en los dos últimos niveles se requiere título, diploma o certificado de enfermero o auxiliar otorgado por instituciones de formación de nivel terciario no universitario, dependientes de organismos nacionales, provinciales o municipales, o instituciones privadas reconocidas por autoridad competente, así como extranjeras, pudiendo ser validada luego su certificación.

 

Respecto a la formación de posgrado en el sector salud, esta incluye especiali-zaciones, maestrías y doctorados, que pueden desarrollarse a través de dos moda-lidades. La forma clásica, que tiene lugar en las instituciones educativas, con un perfil más academicista; y la que corresponde a lo que se denomina “formación en servicio”, como por ejemplo las que se brindan a través del sistema de residencias (Duré, 2009b).

 

En la Argentina, como en otras partes del mundo, las residencias constituyen el dispositivo de formación y especialización más importante para médicos de gra-duación reciente. El certificado de una residencia completa (no menor a 3 años de duración) permite acceder al título o certificado de especialista a nivel nacional y en algunas provincias, según lo establece la Ley 23.873 de 1990. Sin embargo, en nuestro país no todos los profesionales tienen la posibilidad de ingresar a este siste-ma porque las plazas con las que se cuenta son menores que el total de los egresos de las carreras de salud.

 

Para aquellos casos en que no es posible acceder a una plaza como residente, hay caminos alternativos para obtener el título de especialista: la formación universitaria o la acreditación de horas de servicio en la práctica de la especialidad. Es decir que en la formación de especialistas encontramos una amplia variedad de situaciones. Por un lado, la Ley de Educación Superior determina que solo las universidades pueden otorgar títulos de posgrado, mientras que la Ley de Ejercicio Profesional que regula la práctica de la medicina autoriza a “anunciarse como especialista” a quien haya completado una residencia o haya cumplido cinco años de asistencia en un servicio de la especialidad y aprobado una evaluación del ministerio o una sociedad científica acreditada (Galli, 2009).

 

Existen numerosos programas de residencia en nuestro país, brindados por organismos estatales y privados en las distintas jurisdicciones. También el MSAL (por intermedio de la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacio-nal) financia programas en los hospitales e institutos nacionales y en los sistemas públicos provinciales, estableciendo las especialidades de interés. También existen otras residencias en el ámbito provincial, del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, universitario, privado y de las fuerzas armadas y de seguridad.

 

122 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

Lamentablemente, no existe información suficiente acerca de los programas que se desarrollan en centros asistenciales privados, en distintas jurisdicciones (Galli, 2009).

 

En el año 2008 (últimos datos disponibles) se otorgaron 2.293 plazas de resi-dencia en todo el territorio nacional. En los últimos años se ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, con el fin de crear un registro único nacional de programas de residencia, debidamente evaluados y acreditados. A través de una convocatoria del MSAL se ha invitado a distintas organizaciones del sector a colaborar en los procesos de evaluación para la acreditación de programas.

 

Consecuentemente, en el año 2009 el Consejo Federal de Salud estableció un grupo de especialidades médicas prioritarias para la asignación de becas de residen-cias a nivel nacional. Estas especialidades estaban relacionadas con la estructura de atención primaria de la salud (medicina general y/o familiar, pediatría y tocogine-cología) o con áreas críticas (terapia intensiva de adultos y pediátrica, neonatología y anestesia), en las cuales se verifican situaciones de vacancia de acuerdo con las necesidades del sistema.

 

En este contexto, debe mencionarse también el Programa de Médicos Comu-nitarios (PMC). Implementado desde 2004, este programa brinda herramientas teórico-prácticas a los integrantes de los equipos de salud. Así, profesionales y no profesionales reciben una capacitación integral que contribuye al desarrollo de tareas orientadas al fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de la salud como política de Estado. El PMC aborda la calificación y cuantificación de los recursos hu-manos junto con las facultades de medicina de las universidades públicas y privadas de todo el país y con los gobiernos provinciales y municipales. El Programa consta de tres etapas. En la 1ª etapa, los profesionales cursan el Posgrado en Salud Social y Comunitaria, cuya duración es de dos años. En la 2ª etapa, los RRHH efectúan el Posgrado en Metodología de la Investigación durante un año. Finalmente, en la 3ª etapa los profesionales se integran a los equipos de salud.

 

Por último, cabe mencionar las actividades de formación continua. Estas actividades se desarrollan desde distintas organizaciones, como universidades, so-ciedades científicas y colegios médicos que dictan cursos y organizan jornadas de actualización en diversas especialidades, fundamentalmente ligadas a la actualización clínica. Las propuestas de formación, sin embargo, no se encuentran integradas entre sí, y es el profesional quien debe acreditar la formación ante el organismo que corresponda. De la misma forma, se observa en los últimos años un crecimiento de las propuestas de formación a distancia que muchas veces cuentan con el aval de organismos como la OPS. También deben mencionarse las iniciativas que surgen de los ministerios o secretarías provinciales que apuntan a fortalecer capacidades de gestión, especialmente en el ámbito de la atención primaria de la salud. El MSAL

 

Sistema de Salud en Argentina 123

 

 

ofrece capacitación y actualización a través de sus programas, pero de una manera fragmentada (FEAPS-Remediar, Epidemiología, etc.).

 

Modelos de gestión del personal en salud – vínculo laboral y modalidades de contratación

 

La gran heterogeneidad de los regímenes laborales dificulta la gestión y la regulación de los modos de contratación. Otro problema adicional es la gran variedad y número de formas contractuales transitorias e informales, con especial predominio entre los médicos (Bonazzola, 2008). Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) (2008), de acuerdo a datos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el año 2005, el sector salud alcanza un 24,3% de empleo no registrado. Entre los profesionales que se desempeñan en dicho sector, el número asciende al 37,8%, mientras que para los no profesionales es de 18,9%. Como un problema adicional al mencionado, está el de la multiocu-pación. En base a los datos de la EPH del año 2006, el MTEySS informa que entre los profesionales de la salud hay un 43% que tienen dos o más empleos, mientras que en el resto de los profesionales del país (no del sector salud) dicho número no alcanza el 14%. La misma tendencia se verifica entre los no profesionales, y por supuesto, para el total del sector.

 

En relación con la implementación de carreras profesionales en las diversas jurisdicciones, encontramos regímenes de diversas características:

 

 

 

 

 

Respecto de los profesionales universitarios que se desempeñan en las entidades descentralizadas del MSAL, el régimen de contratación fue reemplazado en el año 2009 por uno creado a través de un convenio colectivo, en el marco de la Ley 24.185 de Convenciones Colectivas de Trabajo para la Administración Pública Nacional, pero que no es de aplicación en las provincias. En lo que concierne a las situaciones

 

124 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

de revista, las distintas carreras incorporan al personal de planta en categorías de titular, interino, reemplazante, transitorio, suplente y, en ocasiones, hasta la figura de contratado, aunque en general este último y los directivos de gabinete están excluidos. Sólo el personal que revista como titular tiene verdadera estabilidad en el cargo como producto del ingreso por concurso. En algunas carreras aparecen los residentes y concurrentes como categoría preescalafonaria (Duré, 2009).

 

Regulación de la formación y de las profesiones

 

El control y regulación del ejercicio de las profesiones médicas en la Argentina se encuentra descentralizado. Como ya se mencionó en capítulos anteriores, la salud es una responsabilidad delegada por las provincias en la Nación, ya sea que la cumplan directamente o a través de entidades médicas colegiadas, característica que se repite del mismo modo para cualquiera de las profesiones o tecnicaturas de la salud reguladas. La matrícula profesional es otorgada por los distintos ministerios o secretarías de salud, o los colegios médicos de cada jurisdicción, sin existir una instancia de coordinación de este registro (Mera, 2007). Si bien aún se encuentra en vías de implementación, la Resolución MSAL 83/07 crea el Sistema Nacional de Información Sanitaria, que cuenta entre sus componentes a la Red Federal de Registros de Profesiones de Salud. En relación con la regulación del ejercicio pro-fesional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el MSAL el organismo que otorga los registros a profesionales y técnicos. En las restantes provincias encontra-mos casos en que los ministerios provinciales ejercen esta potestad y muchas otras en que el gobierno local ha delegado esas funciones en entidades médicas de ley, habitualmente llamadas Colegios (Mera, 2007).

 

Así, vemos que el interés por el control del ejercicio no pertenece únicamente a los organismos del Estado. Ciertos mecanismos, como la matriculación, la certifica-ción y recertificación y la acreditación, constituyen la llave de acceso al trabajo legal y a la contratación con los efectores de salud, razón por la que diversas organizaciones corporativas profesionales (colegios profesionales, asociaciones de especialidades) ostentan un significativo poder por haber recibido de las autoridades provinciales la delegación de facultades para otorgar la matrícula profesional o la certificación de especialidad. Por otra parte, dichos reconocimientos tienen validez solamente en la jurisdicción de origen, por lo que contribuyen a la fragmentación (Bonazzola, 2008).

 

Acción sobre los Determinantes Sociales de la Salud

 

La situación de la salud en la Argentina se caracteriza por la presencia de un perfil epidemiológico dual, en el cual coexisten enfermedades transmisibles, no transmisibles y lesiones, a lo que se suman nuevas o emergentes amenazas. Si bien en los últimos años se han observado mejoras en los indicadores de salud, existen

 

Sistema de Salud en Argentina 125

 

 

grandes diferencias entre las provincias, producto de los distintos grados de desa-rrollo socioeconómico de cada una de ellas.

 

Las respuestas a estas problemáticas se enmarcan en un sistema de salud carac-terizado por la multiplicidad de actores (Obras Sociales Nacionales, Obras Sociales Provinciales, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y empresas de medicina privada y el sector público descentralizado), desarticulado y fragmentado en el financiamiento y la prestación de servicios de salud. En este sentido, se pueden destacar tres grandes desafíos de salud en la Argentina: mantener y mejorar la salud de aquellas jurisdicciones con perfiles de salud de países desa-rrollados; revertir y controlar los problemas de salud característicos del subdesarrollo presentes en aquellas provincias con alta prevalencia de pobreza e integrar y coordi-nar a los distintos subsectores de la salud, tendiendo a un sistema más homogéneo, que contribuya a la prestación de servicios de manera equitativa, eficaz y eficiente.

 

En este contexto las estrategias de intervención del MSAL se orientan a integrar las políticas de salud, el abordaje territorial, la articulación interjurisdiccional, la masividad de las prestaciones, la planificación participativa y la concepción de la política de salud desde el enfoque de la promoción como estrategia para modificar el conjunto de determinantes de la salud. Con este sentido fue creada la Secretaría Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, en el año 2007, profundizando la orientación del MSAL hacia acciones de promoción y prevención de la salud en los escenarios en donde la comunidad desarrolla su vida cotidiana, favoreciendo el acceso a la información y al cuidado de la salud para la mayor cantidad de po-blación posible.

 

El trabajo de esta secretaría se basa en el abordaje territorial. Este abordaje refleja un nuevo concepto de desarrollo visto no solo en sus dimensiones físicas y sectoriales, sino también como el lugar en el que se proyecta un conjunto de rela-ciones sociales que le dan origen y, al mismo tiempo, expresan una identidad y la capacidad de la sociedad de liderar y dirigir su propio desarrollo. De esta manera, se valoriza el rol de la comunidad como protagonista fundamental para modificar los factores del entorno y los hábitos que determinan la salud de la población, en-fatizando, por lo tanto, el rol de las organizaciones comunitarias y estimulando la creación y fortalecimiento de un movimiento de usuarios a nivel local, municipal y nacional, concibiendo la participación de usuarios y trabajadores de la salud como pilares del proceso de cambio.

 

Experiencias desarrolladas

 

Teniendo en cuenta el abordaje brevemente mencionado en la sección ante-rior, merece destacarse en este punto la experiencia denominada Municipios y Comunidades Saludables (MyCS). En el año 1987, se crea en Europa el proyecto de Ciudades Saludables, tomando como marco la doctrina de promoción de la salud

 

126 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

de la Carta de Ottawa4. Generalmente, en las políticas y en la gestión de proyectos y programas de salud, se consideraban para el diagnóstico y evaluación solo aspectos y variables relacionados a indicadores epidemiológicos sanitarios o de infraestruc-tura sanitaria. Sin embargo, se tornó necesario incorporar otros factores que hacen a la buena calidad de vida y salud de la población. En este sentido, un ambiente saludable debe ser considerado también como factor determinante para mejorar la calidad de vida de la población. Por otro lado, vemos que la reciente estrategia de MyCS pretende incorporar a las variables tradicionales otras fundamentales que apuntan a la creación de un entorno saludable, ya que queda establecido que así se previene la generación de una diversidad de problemas que atentan contra la salud. El objetivo de MyCS es mejorar las condiciones de vida de la población actuando sobre los riesgos de la salud, más que abordar las consecuencias de la enfermedad. Se promueve un enfoque hacia los factores determinantes de la salud, facilitando aquellos procesos que permiten a los miembros de la comunidad ejercer un con-trol activo sobre su salud y su calidad de vida. Este marco plantea que la salud y el ambiente son binomios interdependientes e interrelacionados, y que el estado de salud de las personas es una consecuencia rápidamente perceptible del deterioro del ambiente, ya que las primeras manifestaciones de los problemas ambientales se ven reflejadas en la salud de la población.

 

Desde el año 2001, la estrategia Municipios y Comunidades Saludables (MyCS) comienza a crecer entre los gobiernos locales, siendo alentada desde el gobierno nacional como forma de profundizar el compromiso con el desarrollo de políticas públicas saludables a través de proyectos locales participativos de promoción de la salud. Dicha estrategia se expande a través de la modalidad de Red interinstitucional de Municipios, visualizando la necesidad de profundizar el compromiso rector del Estado Nacional en dicho proceso. La República Argentina adhiere entonces a la iniciativa impulsada por la OMS y la OPS. En el año 2003, se crea la Coordinación Operativa de la Red Argentina de Municipios y Comunidades Saludables, a través de la Resolución 246/03. Esta decisión mostró avances significativos en la instalación de la estrategia Municipios y Comunidades Saludables al generarse de manera efectiva distintas iniciativas orientadas, particularmente, a la promoción de hábitos de vida saludables. Hacia el mes de agosto del año 2011, 831 municipios formaban parte de la Red, 372 en carácter de adherentes y 459 en carácter de titulares. Este desarrollo supone una importante extensión territorial de la Red y la consolidación de la identidad “Municipios y Comunidades Saludables”. No obstante estas fortalezas, continuaba el desafío de profundizar los procesos en el nivel local fortaleciendo el desarrollo de capacidades institucionales en los municipios para “promover salud”, mejorando la articulación con el nivel provincial. En línea con los desarrollos teórico políticos más recientes y además de la creación de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias, tal como se menciona en la sección anterior, se

 

Sistema de Salud en Argentina 127

 

 

creó el Programa Nacional Municipios y Comunidades Saludables, consolidando la idea del carácter estratégico que adquiere el espacio local para el diseño y gestión de políticas públicas que articulen sectores, programas y jurisdicciones en función de las necesidades y demandas de cada territorio.

 

Estrategias de coordinación intersectorial

 

El principal organismo de coordinación intersectorial en las políticas sociales es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). Este Consejo, presidido por la ministra de Desarrollo Social, es también el ámbito de participaci-ón de los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; de Salud; de Economía y Producción; de Pla-nificación Federal, Inversión Pública y Servicios; de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Además, lo integran: el Consejo Nacional de las Mujeres; la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad; el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad; el Programa Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros Años”; el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social; el Sistema de Informa-ción, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales; el Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de Programas Sociales: el Comité Ministerial de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano.

 

De esta forma, desde el CNCPS se establecen las políticas prioritarias para el corto, mediano y largo plazo y se definen estrategias de abordaje, metodologías de trabajo y perspectivas de intervención territorial. Específicamente, pueden men-cionarse las siguientes iniciativas intersectoriales que impactan en la salud de los ciudadanos, a saber:

 

Plan Ahí (Familias y Nutrición): Es un abordaje integral que tiene por objetivo profundizar la intervención en los núcleos duros de la pobreza, ampliando la pre-sencia del Estado en el territorio mediante el trabajo conjunto y articulado de los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social, asociados a los distintos actores de la comunidad y organizaciones sociales; productivas y de servicios; prestaciones y servicios; e infraestructura y equipamiento social. Realizado en cooperación con Unicef, este proyecto tiene como objetivo fortalecer a las familias en su función básica de sostén y crianza de sus hijos, alimentación, nutrición y cuidado de la salud. Desde un enfoque integral que promueve la concreción de los derechos de niños y niñas en situaciones de la vida cotidiana, el trabajo enlaza la alimentación y nutrición con la atención temprana del desarrollo infantil en el ámbito familiar y comunitario.

 

Primeros Años (Promoción Nacional del Desarrollo Infantil): Este programa contribuye a fortalecer al Estado en el desarrollo de capacidades institucionales para

 

128 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

llevar adelante acciones integrales en el nivel nacional, provincial y local. Tiene como objetivo llegar a las familias y a la comunidad con información, acompañamiento y recursos para fortalecer a los grupos familiares en su rol protagónico de crianza de niños y niñas de 0 a 4 años.

 

REDAF (Red de Educación Física): Es una unidad de gestión destinada a contribuir con la construcción del proyecto nacional de actividad física en fun-ción del desarrollo humano y la calidad de vida de todas y todos los argentinos. Su finalidad está dada por el desafío de instalar la actividad física como un derecho en la Argentina.

 

En esta sección merece también destacarse el impacto sanitario de la Asigna-ción Universal por Hijo para Protección Social (AUH). A poco más de un año de su puesta en marcha, a fines del año 2009 es posible visualizar algunos resultados concretos que se traducen en más niños/as y adolescentes con controles sanitarios al día y esquemas de vacunación completos. La sinergia generada entre la AUH y el Plan Nacer se manifiesta, principalmente, en el alto incremento de los niveles de inscripción de los Seguros de Salud Materno-Infantiles Provinciales. Desde la puesta en marcha, en noviembre de 2009, fueron inscriptos 1.352.192 de niños y niñas menores de seis años en el Plan Nacer. Además, con la vinculación de las políticas públicas, las contribuciones fueron recíprocas. Hubo un aporte inicial del Plan Nacer que permitió identificar a 230 mil chicos que no integraban ninguna de las bases de datos o padrones que utilizó la Administración Nacional de Seguridad Social para conformar el universo de los titulares de la AUH. Esto fue posible gracias al modelo de búsqueda activa y nominalización de la población que promueve de manera efectiva desde sus inicios el Plan Nacer (MSAL, 2010).

 

De la misma manera, es esperable que el impacto de la recientemente imple-mentada ampliación de este beneficio a la población de mujeres embarazadas sin cobertura específica de seguros de salud a partir de la semana 12 de gestación, de-nominada Asignación por Embarazo para Protección Social, genere un impacto semejante en términos de salud materno-infantil.

 

Alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

 

A través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el gobierno nacional se comprometió a realizar las acciones correspondientes a fin de instalar el tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en los niveles guberna-mentales y en la sociedad en general e impulsar las acciones para su cumplimiento. En el marco de estas actividades se ha creado en el seno del Consejo, la Comisión Interinstitucional de seguimiento de los ODM, formada por los ministerios y orga-nismos del Gabinete Social, Ministerio de Economía y Producción, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el INDEC. Fruto del trabajo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se ha

 

Sistema de Salud en Argentina 129

 

 

creado el Proyecto PNUD/Arg/04-046, que tiene como finalidad realizar actividades de difusión, seguimiento y monitoreo de los ODM en Argentina.

 

En el caso de la salud, los tres objetivos que Argentina planteó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan problemas en los que todos los Es-tados indiscutiblemente buscan soluciones. Se trata de problemas valorados como primordiales en la mayoría de las sociedades: reducir la mortalidad de la niñez y la mortalidad materna y combatir el VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades graves. Debido al enfoque integrado y a la interconexión de los objetivos, existen, a su vez, otras metas relacionadas con la salud, vinculadas a reducir el hambre, y mejorar el acceso al agua potable y los medicamentos. No obstante, en esta sección se centrará la atención en los tres objetivos específicos de salud.

 

Argentina, para los objetivos específicos de salud, incorporó metas e indi-cadores adicionales a los pautados internacionalmente. Las modificaciones más importantes corresponden a la introducción de nuevas metas. Por un lado, se incorpora a la enfermedad del Chagas, reconociéndola como enfermedad grave y prioritaria. En Argentina, la problemática de esta enfermedad es más grave en el norte del país y está presente en 19 provincias. La meta propuesta es certificar la interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad en todas ellas. Por otro lado, se buscó modificar los problemas de desigualdad entre las provincias. Debido a las importantes diferencias que presentan los indicadores de las distintas provin-cias, se propuso como meta reducir las desigualdades entre provincias en un 10%, tanto en la mortalidad infantil como en mortalidad materna. La incorporación de estas metas generaría un mayor compromiso para revertir el comportamiento que estos indicadores han manifestado durante su evolución en la última década, dado que las metas de reducción de la mortalidad, en términos generales, como fueron planteadas internacionalmente, son una condición necesaria, pero no suficiente para lograr una disminución en la brecha entre los indicadores provinciales (ODM Informe País: 2005).

 

Las restantes incorporaciones se refieren a indicadores de seguimiento de cier-tas metas. Para el VIH/SIDA, se han incorporado dos indicadores para los cuales se cuenta con información sistematizada, que es uno de los principales desafíos a los cuales nos enfrentamos los países en desarrollo. Y para el paludismo, dado que está controlado y ya se han alcanzado las metas fijadas internacionalmente, se ha incorporado como indicador para seguimiento el Índice Parasitario Anual.

 

En Argentina la problemática en torno a la mortalidad infantil ha recibido un tratamiento prioritario. En los últimos años, desde el ámbito nacional se han de-sarrollado diversas políticas enfocadas a disminuir la mortalidad en niños menores de 5 años debido a causas reducibles y su impacto puede observarse en la reducción de los indicadores obtenidos. Ambas tasas, la de mortalidad infantil (TMI) y la de

 

130 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

menores de 5 años, cayeron entre 1990 y el año 2009 aproximadamente un 47%, con alta probabilidad de alcanzar las metas en los plazos previstos. Al 2010, el indi-cador de inmunizaciones contra el sarampión y el del coeficiente de Gini de TMM han alcanzado la meta; en el primer caso es esperable que se siga manteniendo el alto nivel de cobertura logrado por el país y lograr incrementar la cobertura para el segundo indicador de vacunación. Con respecto a la meta de disminuir las desigual-dades en la mortalidad infantil, se puede observar un cambio en la tendencia del Coeficiente de Gini, este hecho permite ser optimista respecto del cumplimiento de la meta planteada.

 

A su vez, la TMM ha mostrado un comportamiento errático, lo que se debe en gran parte al grado de subregistro de causa en la mortalidad materna. Cuando se analizan las causas de muerte materna se observa que la mayoría son reducibles mediante acciones de prevención y una adecuada atención del embarazo y parto. El cumplimiento de ambas metas (reducir la TMM y sus desigualdades entre pro-vincias) requiere mayor inversión en salud, específicamente para infraestructura y equipamiento, y resolver, principalmente, el problema del aborto, que representa históricamente una tercera parte de las muertes maternas, problema que se agudiza en las poblaciones de mayor vulnerabilidad y pobreza por las malas condiciones en las cuales se realiza.

 

La infección por VIH depende principalmente del comportamiento de las personas y este puede fluctuar debido a causas sociales, culturales, económicas, etc. Por ello, el cumplimiento de las metas en VIH/SIDA requiere, además, políticas y acciones orientadas hacia la previsión de cambios más profundos, como son las pautas culturales. De continuar la tendencia actual, tal como se observa en los indicadores, se podrían cumplir los ODM. La tasa de uso de preservativo en ado-lescentes no presenta valores históricos, debido a que la encuesta que se tomaría como línea de base, realizada en el 2003, no era representativa a nivel país. Poste-riormente, se logró realizar la primera encuesta nacional (2005) y registró una tasa de uso del 46%, que es la que se está tomando actualmente como línea basal. La falta de información sistemática genera falencias para analizar el comportamiento y la tendencia de este indicador. Para el caso del paludismo, es esperable que se sostenga el nivel de control alcanzado, dado que la mayoría de las metas ya se han cumplido y muestran sostenimiento en el tiempo. En tuberculosis, la situación es más compleja ya que dicha enfermedad actúa de manera oportunista con relación al VIH-Sida y, en los últimos años, se han incrementado los casos de muertes por tuberculosis asociados con VIH/Sida.

 

La meta propuesta para la Enfermedad de Chagas parece poco alentadora a la luz de los resultados obtenidos hasta el momento. Su logro implicaría certificar la interrupción de la transmisión vectorial del Chagas en más de una provincia por año hasta el 2015, desenlace poco probable al observar la evolución del indicador.

 

Sistema de Salud en Argentina 131

 

 

Insumos estratégicos para la salud

 

Los principales objetivos de toda política nacional de medicamentos compren-den velar por el acceso a los medicamentos, la disponibilidad y la asequibilidad equitativas de los medicamentos esenciales y su calidad; es decir que todos los medicamentos sean seguros, eficaces y de buena calidad y que los profesionales de la salud y los consumidores hagan un uso terapéutico adecuado y costo-efectivo de dichos bienes. De la misma manera, le compete al Estado constituirse en garante de la accesibilidad, para el conjunto de la población, a los servicios prioritarios para la prevención y la asistencia sanitaria, cubriendo las necesidades y demandas del sistema de salud y de la población en general.

 

Políticas específicas para patentes

 

La primera normativa nacional sobre patentes fue la Ley 111, sancionada en 1964. A posteriori, en 1994 la Ley 24.425 aprueba el acta final en la que se incor-poran los resultados de la Ronda de Uruguay del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, luego Organización Mundial del Comercio). Publicada en el boletín oficial en 1995, es la ley vigente a la fecha y comenzó a regir, según fuentes periodísticas, el 26 de octubre de 2000.

 

La ley 24.481 y la “ley correctiva” sancionada por el Senado de la Nación, adap-ta la legislación nacional al marco del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio del GATT. La sanción de estas normas constituye el paso necesario para la aplicación del acuerdo en el derecho interno, el que no es aplicabilidad inmediata y solo puede ser aplicado mediante la legislación que así lo disponga. Al haberse sancionado la “ley correctiva”, el régimen aprobado presenta las siguientes características:

 

  1. Se excluye la patentabilidad de sustancias existentes en la naturaleza, excluyendo por tanto los medicamentos basados en proteínas u otros elementos naturales.

 

  1. Las patentes tienen un período de duración de veinte años, desde la fecha de solicitud en el país.

 

  1. Se admite el “principio de agotamiento internacional de derechos” en virtud del que podrá importarse, sin autorización del titular de la patente, cualquier pro-ducto que haya sido puesto legítimamente en el mercado en cualquier otro país.

 

  1. A pedido de la autoridad competente (por ejemplo Ministerio de Salud, o de Defensa, etc.), podrán determinarse excepciones a los derecho exclusivos.

 

  1. Podrá usarse una patente sin autorización de su titular contra el pago de una remuneración en los casos en que:

 

 

 

132 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

 

 

 

 

  1. Las patentes sobre medicamentos sólo se concederán a partir del año 2000, sin perjuicio de ello, desde la entrada en vigor de la ley podrán depositarse en el INPI las nuevas solicitudes referidas a medicamentos. Una vez concedidas estas patentes, los usuarios anteriores de las invenciones, si los hubiere, po-drán seguir en el uso de aquellas contra el pago de una regalía al titular de las patentes respectivas.

 

  1. Procederá en juicios civiles la carga de la prueba, determinada por autoridad judicial a partir del año 2000, aplicable para productos nuevos, en casos de litigios relativos a patentes de procesos.

 

La ley que se encuentra vigente en la Argentina es consistente con las exigencias

 

establecidas en el acuerdo sobre los ADPIC, en cuanto a todos y cada uno de los mecanismos tendientes a limitar los poderes monopólicos del titular de la patente, vía la admisión del principio de agotamiento internacional, las excepciones a los derechos exclusivos y la instrumentación de otros usos no autorizados por el titular de la patente. La adopción en nuestra normativa de las medidas enunciadas permite (aunque aún no han sido utilizadas) que las políticas de salud pública primen sobre los intereses comerciales de los titulares de la patente y coadyuvan a que estos hagan un uso no abusivo. (De la Puente, 2009).

 

De esta forma, el escenario para la producción y adquisición de productos farmacéuticos se modificó drásticamente a partir de 2000 en Argentina. De con-formidad con lo requerido por el ADPIC, Argentina comenzó a conceder patentes sobre productos farmacéuticos, posibilidad que estaba excluida con la legislación anterior. Ello implica que ciertos productos sólo pueden ser adquiridos al titular de la patente, a menos que se confiera una licencia voluntaria u obligatoria o se disponga del uso gubernamental con fines no comerciales de la patente respectiva por razones de emergencia sanitaria o seguridad nacional o por cualquier otra razón determinada por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI).

 

Sin embargo, debido al impacto que la devaluación del año 2002 tuvo en los costos de los insumos para la atención de la salud, y en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional, se instrumentaron medidas con el objetivo de mitigar el aumen-to de costos en aquellos insumos y otros bienes considerados críticos que podrían hacer peligrar la salud o incluso la vida de las personas.

 

Sistema de Salud en Argentina         133

 

 

 

La Ley 25.590, promulgada en junio de 2002, exime del pago de derechos de importación y demás gravámenes a los productos críticos destinados al diagnóstico y tratamiento de la salud humana, que se encuentran comprendidos en las respec-tivas posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur. Asimismo, la mencionada ley, exime del pago del impuesto al valor agregado que grava la importación para consumo de esos mismos bienes, mientras dure la Emergencia Sanitaria Nacional.

 

La Resolución conjunta del MEyFP 99 y del MSAL 344, con fecha 19 de junio de 2002, reglamentó lo establecido en la Ley 25.590 y, a propuesta de la Admi-nistración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica establece el listado de bienes comprendidos en tales exenciones. Dentro de este listado se incluyeron: medicamentos, reactivos de diagnóstico, estériles o descartables e im-plantes terminados; partes y accesorios de aparatos e instrumentos de uso médico o de laboratorio: sólo los destinados a su reposición e implantes y accesorios para su colocación y otros productos de uso médico terminados. En todos los casos, los bienes incluidos en el listado deberán ser de carácter crítico y no pueden ser provistos por la industria nacional.

 

Estrategias para el acceso a medicamentos esenciales y de alto costo

 

En el año 2002 la situación sanitaria y social de la República Argentina se encon-traba en un estado especialmente crítico, como consecuencia de los altísimos niveles de pobreza, la grave crisis que afectaba al sistema de salud y la recesión productiva, entre otros factores. En este contexto, desde el gobierno nacional comenzaron a tener cada vez mayor importancia las políticas sociales como estrategias clave para morigerar las consecuencias negativas que esta crisis había producido sobre la situa-ción económica de la población y sobre sus condiciones sociales (pobreza, empleo y salud), sosteniéndose en principios básicos como equidad y justicia social.

 

Partiendo de esta situación de emergencia y dada las graves dificultades que enfrentaba la población para acceder a los medicamentos esenciales, desde el go-bierno nacional comenzaron a delinearse un conjunto de medidas que conforman actualmente la Política Nacional de Medicamentos, cuyos objetivos, componentes y resultados se resumen a continuación.

 

En primer lugar, el acceso a medicamentos de los más necesitados que no tienen cobertura formal. Para esta población objetivo, a mediados del año 2002 fue lanzado el Programa Remediar+Redes, reconocido como el mayor programa mundial de provisión gratuita de medicamentos ambulatorios, cuyo objetivo principal es la provi-sión de medicamentos esenciales en forma gratuita a través de los centros de atención primaria en todo el país. Asiste actualmente a más de 15 millones de personas y cubre el 90% de los principales motivos de consulta en el primer nivel de atención.

 

134 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

El Programa Remediar+Redes adoptó, desde sus inicios en el año 2002, un modelo de gestión estratégica y operativa basado en la información. Este esquema de gestión requiere el mantenimiento de un sistema de información capaz de recolectar, sistematizar, procesar y analizar un gran volumen de datos generados, primordialmente, en los efectores del programa. La apuesta por el desarrollo de un sistema de estas características constituye un rasgo distintivo del modelo de gestión del programa, ya que permite un efectivo proceso de control, tanto en el nivel estratégico como en el de gestión y el operativo. Dos elementos son clave a la hora de la sistematización de la operatoria del programa. Por un lado, el diseño de un conjunto de formularios estandarizados, entre los más importantes: la receta (o Formulario R), los formularios de control de stock o clearing de medicamentos y, por otro lado, el sistema de información de Remediar. La receta Remediar, por ejemplo, releva datos filiatorios del beneficiario (nombre, número de documento, entre otros); datos de su estado clínico (peso, diagnóstico), el motivo de la consulta al profesional (codificado según la Clasificación Estadística de Problemas de Salud de la Atención Primaria5 y las características de la prescripción medicamentosa indicada por el médico (medicamento y cantidades indicadas). Los datos reque-ridos sobre consultas, recetas y utilización de medicamentos tienen un impacto directo y cotidiano sobre las decisiones adoptadas en cada una de las entregas de botiquines, en la planificación de nuevos procesos de compra de medicamentos y en la redefinición de objetivos específicos del programa. De esta forma, se busca adaptar continuamente la oferta a las necesidades de los CAPS y de la población que demanda.

 

Remediar + Redes fue implementado como un programa de emergencia sanita-ria que también pretendió impulsar una reforma duradera en el sistema de atención médica. Proveer medicamentos esenciales a la red de atención primaria es la forma más eficaz de reactivar la capacidad de respuesta de los servicios públicos de salud. Pero además, es una forma de acercar a la población a los centros de atención pri-maria de salud (CAPS), entendiendo que estos centros son el ámbito que permite generar un mayor impacto sobre la situación sanitaria. Los más de 7.000 CAPS, según registros del año 2011 (Remediar+Redes) representan una parte considerable de la oferta pública de servicios de salud, realizándose en dichos centros una proporción creciente de las consultas totales del sector público. Esto indica un desplazamiento desde otros niveles de atención acorde con los objetivos del programa.

 

Los botiquines son distribuidos por Remediar+Redes directamente a los centros, lo que permite establecer un sistema uniforme de entrega en todas las provincias y municipios, garantizando su seguimiento y control. Para ello, también se realizan lici-taciones públicas, que permiten la contratación de un operador logístico responsable por el armado de los botiquines, la impresión de los recetarios y otros formularios de control, el transporte y la distribución de los medicamentos y el retorno de los

 

Sistema de Salud en Argentina 135

 

 

formularios completos. Además la firma adjudicada debe disponer de un sistema de rastreo satelital y un sistema de códigos de barras que permite el seguimiento permanente de cada botiquín, así como también garantizar la trazabilidad de los lotes. A partir de este mayor conocimiento del comportamiento de los efectores del primer nivel generado por la incorporación del flujo de información primaria al sistema de información de Remediar, y en función de la inclusión de aquel en las decisiones de cada entrega de botiquines, desde el año 2003 fue posible implemen-tar cambios en el sistema de asignación de botiquines con el propósito de lograr una mayor adecuación a los niveles de utilización de los CAPS y la población a la que atienden. El sistema de asignación de botiquines previsto originalmente por el programa, se basaba en la declaración de consultas que realizaba una provincia en el proceso de incorporación de un nuevo efector al programa. Los CAPS recibían un botiquín cada 300 consultas promedio mensuales declaradas.

 

En segundo lugar el acceso a medicamentos de los sectores medios que no podían pagar los cada vez más altos precios de las medicinas que necesitaban. Para ello, y para el conjunto de la población, se sancionó en 2002 la ya comentada Ley de Prescripción de Medicamentos por Nombre Genérico o Denominación Común Internacional mediante la cual se introdujo una mayor competencia por precios en un mercado como el de medicamentos, plagado de oligopolios y monopolios. Consecuentemente, se logró que los pacientes puedan elegir la marca y precio de sus medicamentos a través de una correcta forma de prescribir. Esta medida incentivó la participación de laboratorios más pequeños e impulsó una creciente diversificación de la oferta por parte de los laboratorios más grandes.

 

En tercer lugar, el acceso a los medicamentos de los sectores cubiertos por la seguridad social. Con ese objetivo, se modificó y perfeccionó el Programa Médico Obligatorio, como ya se mencionó en el Capítulo 4, estableciendo las prestacio-nes esenciales que deben garantizar los agentes del seguro de salud y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a sus beneficiarios. El programa es de carácter obligatorio para los agentes del seguro de salud, quienes no son meramente financiadores del sistema, sino responsables de la cobertura de salud de la población beneficiaria. Los agentes del seguro de salud reconocen para su financiamiento obligatorio, sólo los productos farmacéuticos que fueron previamente definidos e incluidos en el Formulario Terapéutico Nacional en base a criterios de calidad, seguridad, eficacia y costo. Los principios activos incluidos en el formulario atienden el 95% de los problemas de salud que se presentan en la consulta ambulatoria. Dicho formulario contiene información farmacológica de los medicamentos, como indicaciones, efectos adversos, dosis y contraindicaciones, que ayudan a orientar la prescripción y dispensación de las drogas por parte de los profesionales de la salud. El formulario terapéutico es una herramienta que per-mite mejorar el uso racional de los medicamentos a la vez que permite contener

 

136 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

el gasto en farmacia y facilita la eliminación de productos anticuados y fórmulas o combinaciones de drogas ineficaces. La Comisión de Revisión Permanente del Formulario Terapéutico fue creada a través de la Resolución Nº454/02 de la Supe-rintendencia de Servicios de Salud. Tal comisión, tiene como misión proponer al MSAL la incorporación de medicamentos al referido formulario y su actualización permanente. En el año 2004 se extendió la cobertura del PMOe del 40% al 70% para los medicamentos para dolencias crónicas. Esta modificación ha permitido no sólo un incremento del acceso sino también un ahorro estimado en $264 millones por año que nuevamente contribuye a mejorar los ingresos reales de los beneficiarios de las obras sociales (EUROSociAL, 2008).

 

En cuarto lugar, el acceso a medicamentos de las personas con patologías de alto costo (VIH/Sida, Cáncer, etc.). El objetivo de esta medida fue dar cobertura de medicamentos gratuita a los pacientes con dichas patologías. Como consecuencia, se logró el acceso de casi 30.000 personas viviendo con VIH/SIDA a tratamientos con medicamentos eficaces y seguros.

 

En quinto lugar, el acceso a medicamentos de los usuarios del sistema público de salud a través del ordenamiento y el apoyo a la producción estatal de medica-mentos. En este aspecto, el MSAL emprendió una tarea ordenadora de la red de laboratorios estatales. Tal medida incluye la elaboración de pautas estratégicas para la reconversión de las actividades productivas de las plantas elaboradoras, y también el apoyo técnico brindado desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

 

Finalmente, debe agregarse la desgravación de los derechos de importación de insumos críticos, como se mencionó en la sección anterior.

 

Capacidades productivas nacionales

 

Industria farmacéutica privada

 

La rama farmacéutica y fármaco-química está conformada por aproximadamente 250 laboratorios de capitales nacionales y extranjeros. Hay 110 plantas industriales instaladas en el país, de las cuales 93 son empresas de capitales nacionales que pro-ducen una vasta gama de productos destinados, fundamentalmente, a satisfacer la demanda del mercado interno. Esta situación es atípica, casi inédita, para los países en desarrollo y sólo se reproduce en Estados Unidos, Japón y Alemania, justamente los mayores productores mundiales. Más aún, la industria nacional es líder en ven-tas, tanto en valores, con una participación del 82% del total facturado, como en unidades, cuya participación alcanza al 65% para el año 2007 (IMS Health, 2008).

 

Las empresas de capital nacional se caracterizan por una alta tasa de lanzamiento de “nuevos productos” y por la mayor cantidad de combinaciones de principios activos, mientras que las de capital extranjero tienen menos lanzamientos anuales y tienden a concentrarse en medicamentos compuestos por un único principio activo

 

Sistema de Salud en Argentina 137

 

 

(Katz y Muñoz, 1988). Eso también es atípico para un país en vías de desarrollo. Específicamente, se ofrecen alrededor de 2.000 principios activos (o combinaciones de ellos), comprendidos en más de 10.500 productos (con nombres de fantasía) y que representan aproximadamente 23.000 presentaciones diferentes (de la Puente et al, 2009).

 

La industria nacional argentina se originó como una industria de copias o simi-lares, avalada por la inexistencia de patentes de productos, que condujo a generar la morfología actual del mercado en el que el 90% de los fármacos comercializados son de este tipo. Sin embargo la estructura actual de la industria farmacéutica argentina ha evidenciado profundas transformaciones durante la última década, registrando un notable crecimiento, tanto en el volumen producido como en la facturación.

 

Si bien el sector farmacéutico argentino se contrajo profundamente a fines de la década pasada y principios de la actual, a partir del 2002, concomitantemente con el inicio de la recuperación de la economía, las medidas de política farmacéutica implementadas por el gobierno, el incremento de las exportaciones de fármacos y la reactivación de la demanda doméstica de medicamentos, se observa una rápida recuperación del consumo de medicamentos, que pasó de un total de 277 millones de unidades consumidas en 2002 a 484 millones en 2007 y de $3.860 millones a $9.617 millones para el mismo período (IMS Health, 2008)6. Esto significa cerca del 0,45% de la facturación mundial y dentro de la estructura que conforma la economía real de la Argentina, el sector farmacéutico representa casi el 39% del valor agregado de la rama “Fabricación de sustancias y productos químicos”, uno de los segmentos más pujantes de la industria manufacturera nacional. Además, representa aproximadamente el 7% del valor agregado de la industria, el 4,5% del valor bruto de producción y es la tercera en volumen de ventas en América Latina, después de Brasil y México (INDEC, 2002; MRECIyC, 2011).

 

En la actualidad, la industria argentina de medicamentos, si bien se encuentra en un período de gran actividad, y aún abasteciendo la casi totalidad de la demanda doméstica, no ha logrado desarrollar investigación y desarrollo de nuevas entida-des químicas, aún con la existencia de la ley de patentes, si bien existen algunas actividades de innovación, desarrollo e innovación, particularmente, en el campo de la biotecnología, dispositivos para liberación controlada de medicamentos, e investigaciones en proceso (relacionadas con el cáncer de pulmón, tejido, etc.). Este fenómeno hace que nuestro país se vea obligado a importar justamente los medica-mentos más caros y estratégicos (aún cuando logró “copiar” muchos que importan un alto contenido de investigación, desarrollo e innovación).

 

Sin embargo, Argentina aprobó una Ley de Biotecnología que incluye incentivos para el desarrollo de biofármacos. Su Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica creó instrumentos como el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica y el Fondo Tecnológico Argentino, que disponen de recursos para

 

138 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

incentivar el desarrollo en ciencia, técnica e innovación tecnológica e incluyen el área farmoquímica. Además, a partir de 2009, el Ministerio de Economía inició estudios para formular un Programa de Fortalecimiento de la Industria Farmacéu-tica, que podría incluir otros instrumentos, como devolución de las retenciones a las exportaciones, la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias y devo-lución anticipada de Impuesto al Valor Agregado para la adquisición de bienes de capital, así como la conversión en bonos de crédito fiscal de 50% del monto de las contribuciones patronales a la seguridad social.

 

Balanza comercial

 

Las exportaciones totales del sector farmacéutico atravesaron tres ciclos mar-cados desde el año 1990 en adelante. El primero, de franca expansión, se extendió hasta 1998, año en el cual las exportaciones rozaron los USD400 millones. El segundo, en concomitancia con la recesión que atravesó la Argentina en el perío-do, fue de descenso y posterior estancamiento, y se extendió entre los años 1999 y 2002, año en el cual el monto exportado fue de USD317 millones. A partir de allí se ha registrado un sendero continuo de crecimiento hasta alcanzar en el año 2007 ventas al exterior por USD586 millones, un 85% superior a las exportaciones del año 2003 (MINCyT-UIA, 2010). Este crecimiento en las exportaciones del sector estuvo motorizado en gran medida por firmas multinacionales que han operado con sus filiales como ejes de la región y por un grupo de laboratorios nacionales que han aprovechado las condiciones cambiarias, han dinamizado sus exportaciones incursionando en nuevos destinos y actualmente son un componente significativo de la estructura exportadora del sector.

 

En el caso de las importaciones, Estados Unidos (17%) y Alemania (14%) son los principales orígenes. Las importaciones provenientes de estos países están rela-cionadas con el origen del capital de una fracción significativa de los laboratorios multinacionales que operan en el país, como base para la importación de la mayoría de sus líneas de productos comerciados en el país. En el caso de los farmoquími-cos, estos provienen fundamentalmente de China (27%), de Alemania (15%) y de India (14%). China e India se han convertido en los últimos años en los centros de producción de farmoquímicos más importantes a nivel mundial.

 

El contexto de apertura comercial y tipo de cambio sobrevaluado dio lugar, durante la convertibilidad, a la entrada masiva de productos importados. Entre los años 1990 y 1998, las compras de medicamentos extranjeros se quintuplicaron hasta alcanzar, en el año 1998, los USD1.200 millones. Luego, la crisis produjo una retracción de las importaciones entre los años 1998 y 2002. De todas maneras, este no fue un ajuste “virtuoso”, ya que tuvo su origen en la significativa disminución de ingresos de la población que tuvo lugar en dicho período. El mercado se redujo considerablemente en ese momento, lo cual disminuyó la necesidad de insumos y productos finales importados (MINCyT-UIA, 2008). La recuperación del mercado

 

Sistema de Salud en Argentina 139

 

 

interno desde el 2003 reactivó las importaciones. Tanto los productos químicos orgánicos como los farmacéuticos se incrementaron significativamente. Sin em-bargo, la dinámica de largo plazo muestra distintas trayectorias. En el año 2007, se importaron USD938 millones de productos farmacéuticos y USD508 millones de químicos orgánicos, presentando una relación inversa a la que predominaba en la década anterior.

 

Este giro en el perfil importador se debe a los cambios en la estructura que atravesó el sector en los últimos tiempos, donde gran parte de los laboratorios multinacionales ha optado por abastecer el mercado local desde sus casas matrices u otras filiales a nivel mundial.

 

A su vez, la ley de patentes impide a los laboratorios locales copiar los nuevos productos y competir lanzando al mercado productos similares. Por ende, el mercado de los nuevos medicamentos, esencialmente de alta complejidad, queda protegido de la competencia local y liberado para la entrada de productos extranjeros.

 

Sintetizando, la balanza comercial del sector es estructuralmente deficitaria. Si bien las exportaciones se incrementaron luego de la devaluación, las importaciones lo han hecho a un ritmo considerablemente mayor, hasta alcanzar en el 2007 el mayor déficit (USD861 millones) del período en análisis (CEP, 2008).

 

Producción pública

 

Las políticas nacionales de los últimos cuarenta años relacionadas con el abas-tecimiento de medicamentos a la población para resolver necesidades sociales se llevaron a cabo, fundamentalmente, a través de la compra, no de la producción. Sin embargo, una alternativa a las políticas de compra de medicamentos consiste en la utilización de la capacidad instalada existente en los laboratorios de producción de medicamentos del sector público.

 

Estos laboratorios, de distinta complejidad y diferentes potencialidades, sur-gieron en distintas épocas y se ubican a lo largo del territorio nacional, debido a que se crearon para resolver problemáticas de distinta envergadura localizadas en el ámbito nacional, provincial o municipal. Asimismo, existen algunos laborato-rios, particularmente universitarios, que persiguen fines académicos, tales como la práctica industrial e investigación y desarrollo en proceso.

 

En el año 2002, como respuesta al desabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales públicos, se apeló dentro de la Emergencia Sanitaria, a los laboratorios de medicamentos de propiedad estatal, provinciales o municipales, para que intervinieran aumentando su capacidad productiva.

 

Varias provincias y municipios que no contaban con plantas elaboradoras de-cidieron comenzar la construcción y/o el equipamiento de ambientes adaptados, pero en general inadecuados para las exigencias de la correcta manufactura de medicamentos. Los establecimientos existentes y estos de reciente implementación

 

140 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

generaban preocupación ya que trabajaban presionados por las necesidades, sacri-ficando detalles que hacen a la calidad de los productos. Algunos de los problemas detectados fueron: la elaboración de más de 40 medicamentos en los mismos equipos, en cantidades siempre insuficientes, la escasa o nula especialización, los costos insatisfactorios, la estabilidad y durabilidad por plazos muy cortos y niveles de calidad que no alcanzaban los exigidos.

 

Partiendo de la base de que los laboratorios de producción pública de medica-mentos (PPM) debían tener un mayor protagonismo en salud, en septiembre de 2007 se formó una Red Nacional de Laboratorios de PPM, constituida por alrededor de 25 laboratorios públicos y en donde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial actuaba como soporte tecnológico en alrededor de 30 rubros, como control de ca-lidad, modernización tecnológica, actualización de procesos industriales, control de materias primas y análisis de costos, calibración de equipos, por mencionar algunos.

 

Esta iniciativa fue integrada orgánicamente al MSAL para constituir el Progra-ma para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas, y Productos Médicos, creado por la Resolución 286/2008. De esta manera, el MSAL emprendió una tarea ordenadora de la red de laboratorios estatales e incorporó pautas estratégicas para la reconversión de las actividades productivas de las plantas, bajo las siguientes pautas: producción de drogas estratégicas; innovaciones tecnológicas; sustitución de importaciones y garantía de calidad.

 

Bajo estas pautas se acordaron los siguientes lineamientos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Salud en Argentina 141

 

 

 

 

 

Estos aportes y propuestas se constituyen en una guía para orientar a los labo-ratorios estatales en su proceso de actualización y adecuación para reconvertir la producción, incrementar la calidad y contribuir a la solución de los problemas de abastecimiento del sector público que afectan directamente al acceso de la población a los medicamentos.

 

Además, a nivel provincial vale la pena destacar los casos de algunas provincias, como por ejemplo San Luis y Río Negro. En estas jurisdicciones, la producción pú-blica de medicamentos (PPM) ha alcanzado niveles significativos de abastecimiento a través de sus laboratorios públicos, Laboratorios Puntanos y Prozome, respectiva-mente. Otro caso paradigmático de valorización de la PPM como un instrumento fundamental en salud se observa en la provincia de Santa Fe, en la que la PPM reviste las características de una política de Estado, apoyada esencialmente en dos laboratorios: el Laboratorios de Industria Farmacéutica, de la ciudad de Santa Fe, y el Laboratorio de Especialidades Medicinales , de la ciudad de Rosario) que, juntos, proveen el 94% de las unidades farmacológicas para atención primaria de la salud y producen el 66% de las unidades farmacológicas totales que consume el sistema público de esta provincia.

 

Evaluación, incorporación y uso racional de nuevas tecnologías

 

En el marco de la Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud y dentro del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM) se creó la Unidad de Coordinación de Evaluación y Ejecución de Tecnologías Sanitarias, en el año 2009.

 

El PNGCAM fue creado en el año 1992, refrendado luego en los años 1997 y 2000 y aceptado por el Consejo Federal de Salud, sentando sus bases en los principios de mejora y adecuación permanente de las herramientas tendientes a garantizar la calidad, tanto de los servicios de salud a través de las directrices de organización y funcionamiento, como así también en el desarrollo de un sistema de habilitación categorizante conteniendo grillas con estándares para la habilitación y categorización de los establecimientos de salud con internación, para establecimientos públicos y privados.

 

En relación a la mejora de la práctica asistencial, al igual que en otros países del mundo y de la región, las áreas de calidad desde el año 2004 han adoptado una visión centrada en la seguridad de los pacientes y la gestión de los riesgos asistenciales. La seguridad del paciente como centro de la escena asistencial ha implicado que la

 

142 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

misma sea un corte transversal a las condiciones de estructura física y tecnologías, recursos humanos, procesos y resultados.

 

Desde esa perspectiva, y con esa dinámica, hemos emprendido el desarrollo de acciones ligadas a la capacitación, sensibilización, investigación y gestión de mejoras de los riegos sanitarios en más de 14 provincias del país.

 

En este contexto la Unidad de Coordinación de Evaluación y Ejecución de Tecnologías Sanitarias (UCEETS) tiene como principal responsabilidad realizar investigaciones y evaluaciones dirigidas a estimar el valor y contribución relativos de cada tecnología sanitaria a la mejora de la salud individual y colectiva, teniendo además en cuenta su impacto económico y social, adaptado al contexto local. Es la herramienta clave para orientar la toma de decisiones de manera racional, basada en métodos científicos. Específicamente, la UCEETS elabora recomendaciones e informes que den respuestas adaptadas al tipo de tecnologías sanitarias y/o el problema de salud a evaluar, a los objetivos concretos de cada estudio y el tipo de peticionario. En particular ha comenzado a trabajar en la línea de generación, difusión e implementación de Guías de Práctica Clínica.

 

Investigación e Innovación en Salud

 

Argentina cuenta con tres ministerios que producen, financian y regulan la investigación en salud a través de sus distintas dependencias, políticas y programas. La Ley 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación, establece un marco general que estructura, impulsa y promueve las actividades de ciencia, tecnología e inno-vación. La ley se refiere al financiamiento de las actividades de investigación, a su desarrollo y evaluación, como obligación permanente del Estado, que valorará la calidad del trabajo de los científicos y tecnólogos, asignará recursos a la ciencia y la tecnología y estimará la vinculación de estas actividades con los objetivos sociales. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT) tiene dos secretarías y dos organismos descentralizados: Agencia Nacional de Promoción Cien-tífica y Tecnológica (ANPCyT) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Este organismo fue creado por el Decreto 1.291/59, en respuesta a la percepción socialmente generalizada de la necesidad de estructurar un organismo académico que impulsara la investigación científica y tecnológica en el país. El CONICET está integrado por 116 institutos de investigación, Laboratorios Nacionales de Investigación y Servicios y ocho centros regionales. Contaba en el 2010 con 6.350 investigadores de carrera, aproximadamente 2.300 técnicos de la carrera de apoyo a la investigación, 8.122 becarios distribuidos en todo el país y un núcleo administrativo de apoyo (CONICET, 2011).

 

El Ministerio de Educación (ME), a través de la Secretaría de Políticas Univer-sitarias, coordina el Programa de incentivos a docentes-investigadores de las uni-

 

Sistema de Salud en Argentina 143

 

 

versidades nacionales, cuyo objetivo es promocionar y fomentar mayor dedicación a las tareas de investigación y la creación de grupos de investigación en diferentes áreas, entre ellas las ciencias médicas. Participan 36 universidades nacionales de todo el país. Este programa no pareciera coordinarse con el resto de las estructuras nacionales financiadoras de investigación en salud, ni tampoco tener algún plan estratégico para fortalecer ciertos tipos de lineamientos en investigación.

 

El Ministerio de Salud (MSAL), tiene una estructura conformada por tres secretarías, una de ellas destinada específicamente a la investigación, y dos organis-mos descentralizados, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, que través de sus 6 institutos y 5 centros llevan a cabo diferentes líneas de investigación.

 

También dentro del ámbito del MSAL, funciona la Comisión Nacional Salud Investiga, que selecciona, otorga y evalúa las becas de investigación socio-sanitaria. Esta instancia fue creada por la Resolución 170/02, inicialmente como Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria, en el ámbito de la Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación en Salud del MSAL, con el propósito de contar con asesoramiento permanente relacionado con los programas de investigación sanitaria, clínica, aplicada y básica en relación con las ciencias de la salud y dar prioridad a los programas de investigación sobre vigilancia de la salud, prevención y control de las enfermedades prevalentes y acciones de promoción de investigaciones sobre los problemas sanitarios del país. En diciembre de 2008, por Resolución 1522/08, se cambia el nombre por el de Comisión Nacional de Salud Ciencia y Tecnología y en septiembre de 2009, en función del cambio institucional efectuado, se adecuó la integración de los participantes y se estableció la dependencia administrativa de la Comisión Na-cional Salud Investiga en el ámbito de la Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación, dependiente de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias. Asimismo por Resolución Ministerial 335 se modificó la denominación de la Comisión Nacional Salud, Ciencia y Tecnología por Co-misión Nacional Salud Investiga. Como ejemplo del alcance de las actividades de esta Comisión, puede mencionarse que en el año 2011 otorgó 236 becas, denominadas Carrillo-Oñativia, de las cuales 99 pertenecen a la categoría de becas individuales, 127 a Estudios Colaborativos Multicéntricos y 10 al Estudio Especial Diagnóstico de situación de la investigación para la salud en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios provinciales.

 

El ejemplo de esta Comisión se ha expandido a otros organismos públicos que han lanzado convocatorias de becas de investigación específicas con un formato y alcance similar, tales como el Instituto Nacional del Cáncer, en el año 2010, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el 2011.

 

144 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

Inicialmente, el MSAL, a través de la Comisión Salud Investiga, se basó en un modelo colegiado que fijó las prioridades con procedimientos interpretativos que, progresivamente, cambiaron por un modelo técnico. Se utilizaron tres técnicas: a) opinión de expertos, b) encuesta y c) Matriz de Estrategias Combinadas en Argentina (MECA). Tanto la opinión de expertos como la encuesta facilitaron la elaboración de un listado que se mantuvo en el período 2002-2005. A partir de 2006, dicho listado se modificó acorde a los resultados obtenidos con la utilización de la MECA. Esta matriz identificó prioridades de investigación en ocho problemas que surgieron del análisis de situación de salud en Argentina: tuberculosis, chagas, diabetes, taba-quismo, seguridad vial, morbimortalidad materna, IRA en niños, HIV/Sida, enfer-medades monogenéticas y malformaciones congénitas, enfermedades neurológicas vasculares, neurología del comportamiento y neurociencias cognitivas y epilepsias.

 

Políticas nacionales de investigación en salud

 

El MINCyT ha desarrollado el plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación “Bicentenario” (2006-2010). El principal objetivo de este plan es el de orientar la construcción de una política científica y tecnológica al servicio del país y, a través del Programa Transversal Integrador del Sistema Nacional de Innovación, incluir a la totalidad de las instituciones en redes de colaboración que ejecuten proyectos de investigación, desarrollo e innovación en áreas tales como prevención y atención de la salud.

 

La Ley 25.467 contiene principios de carácter irrenunciable y aplicación uni-versal que rigen en cualquier actividad de investigación: la participación libre y voluntaria de las personas en ensayos de investigación, la obligatoriedad de utilizar procesos de consentimiento informado en forma previa al reclutamiento de sujetos de investigación y la obligación de realizar ensayos preclínicos y con animales en forma previa a la experimentación con humanos, a fin de determinar adecuadamente la relación costo-beneficio, la seguridad y la eficacia.

 

El MSAL cuenta con un plan para la investigación y un cuerpo legislativo. Este se compone de los siguientes proyectos:

 

 

Sistema de Salud en Argentina 145

 

 

de investigación propuesto. El proyecto detalla las particularidades de los ensayos clínicos con menores y personas con capacidades diferentes. A su vez, destaca las obligaciones tanto de los investigadores y patrocinadores de la investigación, como de la autoridad de aplicación. Esta ley tiene media sanción de la Cámara de Diputados y se está discutiendo en senadores.

 

 

 

 

También merece mencionarse la legislación para el registro de ensayos clínicos incluida en la Resolución 1678/2007 que crea una nómina de ensayos clínicos en seres humanos. Esta resolución establece los procedimientos a seguir para el registro.

 

Institutos Nacionales de Salud

 

En los últimos años se han creado dos instituciones en el ámbito de la investiga-ción pública en salud, que se suman a la red preexistente. Estos son el ya mencionado Instituto Nacional del Cáncer (INC) y el Instituto de Medicina Tropical (INMeT). El INC depende institucionalmente del MSAL y es el organismo responsable del desarrollo e implementación de políticas de salud, así como de la coordinación de acciones integradas para la prevención y control del cáncer en Argentina. Su principal objetivo es disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer, a la vez que mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. El INC establece los objetivos en materia de promoción, prevención, protección y asistencia sanitaria, además de definir los criterios de evaluación de la eficacia y rendimiento de los programas, centros y servicios sanitarios. Sus actividades incluyen el desarrollo de normativas para la asistencia integral de los pacientes con cáncer; la promoción de la salud y reducción de los factores de riesgo en el marco de los lineamientos definidos para las enfermedades no transmisibles; la definición de estrategias para la prevención y detección precoz; la formación de profesionales especializados; el desarrollo de la investigación y la vigilancia y análisis de la información epidemiológica. Las estrate-

 

146 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

gias a implementar para la definición de dichas normativas serán multidisciplinares e intersectoriales, en tanto promoverán la participación de entidades científicas y otros actores sociales especializados en la materia. De esta manera, se establecerán objetivos, acciones y recomendaciones basados en la evidencia científica y las buenas prácticas disponibles en los distintos ámbitos de promoción, prevención, manejo clínico, rehabilitación y reinserción social.

 

A su vez, el INMeT, creado mediante la reglamentación de la Ley 26.534, en el año 2010, y también dependiente del MSAL, tiene como finalidad la coordina-ción a nivel regional de la planificación y desarrollo de las estrategias sanitarias de prevención y control de enfermedades tropicales en la Argentina. Con sede en la ciudad de Puerto Iguazú, en la Provincia de Misiones, punto estratégico en la región subtropical del país, a la vez que zona de frontera tripartita, su misión es generar respuestas sanitarias integrales frente a patologías de impacto para la salud pública de nuestro país en el presente y a futuro, tales como: chagas, paludismo, dengue, leishmaniasis, helmintiasis, cólera, fiebre amarilla, lepra y esquistosomiasis. Para ello, el INMeT se plantea como un ámbito de articulación entre actores provinciales, nacionales y regionales especializados en la temática (principalmente la red de labo-ratorios provinciales, el Instituto Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, las universidades nacionales y de la región, y los organismos pares de los países limítrofes). De esta manera, se espera lograr la conformación de equipos de expertos y diversos convenios interinstitucionales para la realización de proyectos de investigación compartidos que deriven en nuevos conocimientos, así como también el diseño, ejecución y evaluación de planes sanitarios más efectivos para la región en lo atinente a la prevención, diagnóstico, tratamiento y erradicación de tales enfermedades.

 

Cooperación en Salud

 

La República Argentina comparte, con muchos países de la región de las Améri-cas el reconocimiento constitucional de la salud como derecho humano fundamen-tal. En relación a la situación epidemiológica regional, se reconoce la importancia de enfrentar los desafíos que esta presenta de manera coordinada, por medio de la cooperación técnica entre los países que la componen. Se trabaja para fortalecer la presencia del MSAL en las agencias de cooperación técnica internacional y su rela-ción con las instituciones de financiamiento, tanto del sistema de Naciones Unidas como del Interamericano, dando especial énfasis a la participación propositiva en los cuerpos directivos de la OPS/OMS.

 

La salud pública se encuentra ante una encrucijada por la confluencia de dos megatendendecias: descentralización y globalización. Ambas pueden estar generan-do respuestas contrapuestas. Si bien se ha difundido la consigna de “pensar global

 

Sistema de Salud en Argentina 147

 

 

y actuar local”, algunos desafíos sanitarios probablemente requieran un esfuerzo contrario, es decir de: pensar local y actuar global.

 

Los procesos descentralizadores que involucraron a la gran mayoría de los sistemas de salud, en especial de la región latinoamericana, incentivaron lecturas de la situación de salud como problemas locales. A su vez, la teoría fiscal ha justi-ficado la descentralización sosteniendo que la provisión de bienes sociales, como los servicios de salud, deben plantearse en la unidad territorial y gubernamental capaz de sustentarlos financieramente. De esta manera, los problemas de salud co-mienzan a ser fragmentados de forma regional y local, facilitando en muchos casos la obtención de respuestas adecuadas a las necesidades particulares de cada lugar. Sin embargo, otras veces se generan ineficiencias sistémicas como la duplicación de algunos esfuerzos y la ausencia de otros.

 

Por otra parte, la globalización acentúa los desafíos, como la necesidad de mancomunar esfuerzos internacionales para reducir riesgos y aprovechar oportu-nidades sanitarias. A su vez, la globalización modifica la naturaleza de las necesi-dades en salud, así como el tipo de intervenciones adecuadas para satisfacerlas. Las comunidades, además de afrontar los problemas locales relacionadas con los sistemas de salud, también deben afrontar la transferencia internacional de riesgos para la salud.

 

El control de los riesgos y los daños internacionales en muchos casos supera la capacidad de los gobiernos nacionales para proteger a sus poblaciones. Las nuevas amenazas se manifiestan, no sólo a través de enfermedades infectocontagiosas, sino por la propagación de estilos de vida poco saludables o que involucran conductas de riesgo. En consecuencia, se vuelve innegable que algunos de los nuevos desafíos sanitarios requieren respuestas internacionales, debido al reconocimiento de que habría problemas de salud que trascienden las fronteras y que, además, habría pér-didas de economía de escala a nivel nacional (más aún a nivel local) para enfrentar ciertos problemas sanitarios, por ejemplo el combate de ciertas epidemias.

 

Así, como respuesta, se plantea que es posible obtener mayores beneficios para todos, alcanzando economías de escala y mayor efectividad en la promoción de la salud y el combate a la enfermedad por medio de acciones conjuntas entre varios países. En este escenario, Argentina considera que las condiciones más apropiadas para afrontar los problemas de salud internacional se consiguen a escala regional y subregional. En esta dirección, están consolidándose procesos de integración general y de integración en salud en toda la región: Caribe, Región Andina y Mercosur.

 

En este contexto de mayor interdependencia entre países, han cambiado las necesidades en salud, así como el tipo de intervenciones para satisfacerlas. Se busca dar respuesta a los nuevos desafíos que son identificados en la actualidad y que tienen relación con:

 

148 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud en función de este escenario? se buscó el fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio de Salud en relación a salud internacional. En 2002, se creó la Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación en Salud, que tiene competencia en el ámbito de las relaciones inter-nacionales, con las Provincias y con las ONG. Asimismo, se propician regularmente actividades de capacitación, planteando un proceso de reflexión y sistematización a partir de las prácticas concretas. En el marco de la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, Argentina fue uno de los países que lideró la creación de una Red de Oficinas de Relaciones Internacionales de los Ministerios de Salud.

 

Argentina ha desarrollado algunas buenas prácticas y lecciones aprendidas que le permitieron superar la difícil situación de crisis del 2002. En tal sentido, las ha venido ofreciendo a diversos países, considerando que abordan los principales problemas de salud de los países de la región. Entre las experiencias argentinas más relevantes se encuentran las siguientes prácticas:

 

 

 

 

 

 

Sistema de Salud en Argentina 149

 

 

 

 

 

Las herramientas para poder efectivizar la cooperación que cuenta el Ministerio son las siguientes:

 

  1. Fondo de Cooperación Horizontal FO-AR de la Cancillería Nacional: El Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO-AR) es el instrumento de la política exterior argentina por medio del cual nuestro país promueve iniciati-vas conjuntas de cooperación técnica con otros países de menor o igual desarrollo relativo económico y social, mediante mecanismos de asociación, colaboración y apoyo mutuo. Expresa así las orientaciones del Plan de Acción de Buenos Aires, establecido hace tres décadas por la comunidad internacional para impulsar la cooperación técnica entre países en desarrollo.

 

En el marco de las orientaciones de la política exterior argentina y de la filo-sofía de la cooperación Sur-Sur, los compromisos contraídos por el país a nivel internacional se manifiestan en los siguientes objetivos principales del FO-AR, que contribuyen a los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar las metas globales de desarrollo y superación de la pobreza:

 

Establecer y consolidar asociaciones para el desarrollo con otros países sobre la base de sus propias estrategias y prioridades nacionales, procurando la participación de todos los actores interesados.

 

Generar y apoyar el fortalecimiento de ámbitos y mecanismos propicios para promover el intercambio de conocimientos, tecnologías y mejores prácticas entre organizaciones argentinas y sus homólogas de otros países, apuntando de manera permanente al fortalecimiento en estas últimas de capacidades propias para el desarrollo.

 

Desarrollar metodologías e instrumentos que permitan dinamizar los procesos de asistencia técnica a fin de maximizar el aprovechamiento de recursos humanos y financieros.

 

Las solicitudes al FO-AR se viabilizan por medio de las Representaciones Di-plomáticas que tiene Argentina en los países en vías de desarrollo y previamente son armonizadas o consensuadas por las Direcciones de Relaciones Internacionales de los respectivos Ministerios de Salud.

 

150 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

  1. Tratados de Cooperación entre Países: que son instrumentos de solidaridad, cooperación horizontal y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países para dar respuesta a sus necesidades de salud.

 

Se entiende como cooperación técnica entre países la ejecución y gestión de actividades y proyectos de desarrollo conjuntos, en los que comparten experiencias y capacidades técnicas mutuas, así como sus propios recursos, y utilizan el asesora-miento y apoyo financiero de fuentes externas, cuando es necesario.

 

Este mecanismo de cooperación es esencialmente un proceso por medio del cual Argentina, conjuntamente con dos o más países trabajan juntos para lograr el desarrollo de la capacidad individual o colectiva con intercambios cooperativos del conocimiento, habilidades, recursos y tecnologías. Idealmente, las actividades de CTP se deben iniciar, organizar y manejar por los mismos países, bajo la dirección del gobierno respectivo, y la participación de las instituciones y de las organizaciones públicas y privadas (UNDP, 1998). Este mecanismo está supeditado a la existencia de recursos por parte de la OPS.

 

  1. Otros recursos de cooperación derivados de agencias internacionales o especializadas del sistema de Naciones Unidas, por medio del cual se elaboran proyectos y las agencias ponen a disposición recursos

 

  1. Recursos del propio Ministerio de Salud: Aunque siempre supeditado a la disponibilidad presupuestaria, el propio Ministerio de Salud de la República Ar-gentina prioriza proyectos para la cooperación involucrando recursos de su propio presupuesto regular.

 

Asimismo, nuestro Ministerio de Salud demanda cooperación e intercambios de experiencias con otras instituciones de la región con el propósito de mejorar el proceso de fortalecimiento institucional. Estas demandas surgen del nuevo Plan Federal de Salud. En tal sentido, se ha priorizado:

 

 

 

 

 

 

Sistema de Salud en Argentina         151

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 – Sistema de Salud en Argentina: síntesis – marco constitucional, estructura y prioridades de la política actual

 

País Marco constitucional y legal Estructura del sistema de salud Funciones del Ministerio de Salud de la Nación Prioridades de la política actual
Argentina de la salud

 

 

República Federal presidencialista

 

Constitución Nacional Vigente: 1994

 

Población:

 

40.666.000 habi-tantes

 

Territorio organizado en 24 jurisdicciones (23 provincias y 1 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del gobierno nacio-nal) y más de 2200 municipios

El derecho a la salud no está mencionado como tal en la Constitución sino a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.25) y del Pacto Interna-cional de Derechos Económi-cos , Sociales y Culturales rati-ficado por Argentina en 1986. Es decir, la salud aparece como derecho a partir de instrumentos internacionales que el país ha ratificado.

Sistema de Salud: Está basado en una estructura política federal, profunda-mente descentralizado en la provisión y administración de los servicios de salud.

 

Las provincias tienen total autonomía en materia de salud

 

Tres subsectores: público (provee y fi-nancia salud a partir de los 24 ministerios de salud provinciales y el MSAL), la segu-ridad social financia servicios prestados mayoritariamente por instituciones privadas y médicos contratados (298 obras sociales nacionales, 24 provinciales y el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – INSSJyP/ PAMI) y la medicina prepaga (no existen datos consolidados pero se calcula la existencia de unas 200 a 250 empresas de medicina prepaga).

 

Todo ciudadano puede ser asistido en las instituciones públicas de salud, pero esta cobertura es muy diferente según la provincia (y el prestador dentro de cada provincia). Cada provincia opera con particulares restricciones presupues-tarias, sus propias políticas sanitarias, locales y regionales, perfiles diferencia-dos de demandas y marcos regulatorios específicos (por lo general tienen regula-ciones sanitarias propias y legislaciones laborales únicas para el personal de la administración pública).

El Ministerio de Salud (MSAL) es el órgano responsable de la rectoría del sistema de salud de determinar las políticas de sector y llevar adelante las acciones de pla-nificación y coordinación con las autoridades sanitarias provinciales

 

La elevada autonomía de las provincias en materia de salud condiciona la rectoría por el Ministerio de la Nación.

 

El MSAL efectúa también la fiscalización del funciona-miento de los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, y tiene a su cargo el dictado de normas y procedimientos de garantía de calidad de la atención médica, de manera consensuada con las provincias, e interviene en la aprobación de los proyectos de establecimientos sanitarios que sean construidos con participación de entidades privadas.

 

Vigilancia Sanitaria

 

Es llevada adelante por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), autarquía económica y financiera creada en 1992, responsable de asegurar la calidad de los productos de su competencia (medicamentos, alimentos, productos médicos, reactivos de diagnóstico, cosméticos, suplemen-tos dietarios y productos de uso doméstico)

 

Vigilancia Epidemiológica

 

Es realizada a través de la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) impulsado por el MSAL. El SNVS integra las estrategias de vigilancia clínica, laboratorial, unidades centinela y de programas específi-cos a través de una plataforma on-line con llegada a dife-rentes centros decisores. Esta red virtual se conforma a través usuarios habilitados en todo el país y se estructura en nodos que corresponden a establecimientos donde se carga, consolida, sistematiza, analiza y difunde la infor-mación de la vigilancia, permitiendo tanto la notificación de los distintos eventos, como el análisis sistemático y rápido de la información disponible.

El Plan Federal de Salud 2004-2007 funciona como marco conceptual del proyecto a largo plazo y que orienta el desarrollo del sistema sanitaria argen-tino con eje en la Atención Primaria de la Salud

 

El Plan Federal de Salud 2010-2016 aún está en discusión; plantea el avance progresivo hacia la descentra-lización de acciones de promoción y prevención y la cobertura universal

 

 

Cuadro 4 – Sistema de Salud en Argentina: síntesis – protección social en salud, financiamiento, Investigación e innovación en salud

 

Protección social en salud Financiamiento: fuentes y composición del gasto en salud Investigación e innovación en salud
Subsector seguro social: cubre el 55% de la población El gasto total del sector salud (incluido el sector privado) en relación Argentina cuenta con tres ministerios que producen, financian y
con Obras Sociales Provinciales (12%) + Obras Sociales al PBI es de 10,19% regulan la investigación en salud a través de sus distintas depen-
Nacionales (34%) + PAMI para jubilados (9%) El gasto público en salud, incluida la seguridad social, representa dencias, políticas y programas. El Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva (MINCyT) tiene dos secretarías y dos orga-
Subsector público: cubre el 35% de la población que no aproximadamente el 70% del gasto total en salud mientras que el
nismos descentralizados: Agencia Nacional de Promoción Científica
cuentan con seguro de salud, aunque formalmente esta 30% a 33% es financiado por las propias familias a través del gasto de
y Tecnológica (ANPCyT) y Consejo Nacional de Investigaciones
cobertura es universal; y 2% con garantías explicitas en bolsillo.
Científicas y Técnicas (CONICET). El Ministerio de Educación (ME),
planes estatales de salud – Plan Nacer y Plan Federal El gasto público en salud sumado al de la seguridad social para el
a través de la Secretaría de Políticas Universitarias coordina el Pro-
de Salud
período 2000-2009 en promedio, tuvieron una participación del grama de incentivos a docentes-investigadores de las universidades
Subsector Privado: empresas de medicina prepaga = orden del 4,8% del PBI, destacándose 2009 como el año de mayor nacionales. El Ministerio de Salud tiene una estructura conformada
8% de la población participación, con el 6,2%. por tres secretarías, una de ellas destinada específicamente a la
Obras Sociales Nacionales y las Empresas de Medicina Gasto público en salud 2,19% + seguridad social 3,08% = 5,27% del investigación y dos organismos descentralizados, la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
prepaga deben ofrecer el Programa Médico Obligatorio PBI
(ANMAT) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos
que establece una canasta prestacional mínima. La evolución del gasto público en salud por nivel de gobierno verifica
de Salud (ANLIS), que través de sus 6 institutos y 5 centros llevan a
Del total de ingresos por Obras Sociales, la Adminis- cierta constancia en la participación de los tres niveles, con un amplio cabo diferentes líneas de investigación. También dentro del ámbito
tración Federal de Impuestos retiene un porcentaje que predominio del gasto provincial. Los presupuestos provinciales del del MSAL, funciona la Comisión Nacional Salud Investiga que selec-
se canaliza, a un Fondo Solidario de Retribución para sector sostienen principalmente a los hospitales, mientras que el ciona, otorga y evalúa las becas de investigación socio-sanitaria.
completar el aporte de los afiliados de menor ingreso estado nacional financia organismos descentralizados y programas. En los últimos años se han creado dos instituciones en el ámbito de
y financiar un conjunto limitado de prestaciones para Las provincias participan en casi un 70%, en promedio, contra un 15%
la investigación pública en salud:
enfermedades catastróficas, gestionado por la Adminis-
del gasto en atención médica a nivel nacional dato que se explica por
tración de Programas Especiales. El Instituto Nacional del Cáncer (INC) y
la descentralización característica del sistema de salud argentino.
Fuentes: los fondos utilizados para financiar la Atención Pública de la El Instituto de Medicina Tropical (INMeT, creado en 2010) con sede
en la Provincia de Misiones y dependiente del MSAL
Salud provienen de rentas generales y de créditos internacionales. El
financiamiento de las Obras Sociales Nacionales proviene de aportes
del trabajador (3% del salario) y del empleador (6% del salario). El
financiamiento del INSSJP proviene de varias fuentes: los aportes de
los trabajadores en actividad, equivalente al 5% del salario, 3% aporte
personal y 2% patronal; el aporte de los pasivos, que varían entre 6%
y 3% de sus ingresos; y contribuciones del tesoro nacional.

 

154 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

Referencias

 

Abadie J P. Políticas de estado: participación y salud. Buenos Aires: OPS; 2009.

 

Abramzón M. Argentina: recursos humanos en salud en 2004. Buenos Aires: OPS; 2005.

 

Abramzón M, coordinador. Lineamientos para el diseño de un sistema integral de información de recursos humanos en salud en Argentina. Buenos Aires: Comisión Nacional Salud Investiga, MSAL; 2008.

 

Asociación de Economía de la Salud. Presentación realizada en las XXI Jornadas Nacionales y

 

 

Alessandro L, Munst M. Municipios Saludables: Una opción de política pública. Avances de

un proceso en Argentina. Buenos Aires: OPS; 2002.

 

Almeida C. Reforma de sistemas de servicios de salud y equidad en América Latina y el Caribe:

algunas lecciones de los años 80 y 90. Cuad. de Salud Pública; 2002; 18(4):905-925.

 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos. Buenos Aires: ANMAT; 2008.

 

Apella I. Acceso a Medicamentos y Producción Pública: el caso argentino. Nuevos Documentos

CEDES. Buenos Aires: CEDES; 2006.

 

Arce H. Naturaleza de los hospitales; tres generaciones. Med & Soc; 1985; 8(5): 156-173.

 

Arce H. El territorio de las decisiones sanitarias. Buenos Aires: Ed. H. Macchi; 1993.

 

Arce H. Una Prospectiva Económica del Sector Salud. Med & Soc; 1997; 20(1): 59-62.

 

Arce H. Evolución del Pensamiento Sanitario durante el Siglo XX. Med & Soc.; 2000; 23(2):64-82.

 

Barbieri N, de la Puente C, Tarragona S. La equidad en el gasto público en salud. Buenos Aires:

Ediciones ISALUD; 2005.

 

BDO. Reporte Sectorial nº2: Laboratorios e industria farmacéutica. Buenos Aires: Becher y Asociados S.R.L.; 2008.

 

Belló M, Becerril-Montekio V. Sistema de salud de Argentina. Salud Publica Mex; 2011; 53 (supl 2):S96-S108.

 

Belmartino S, Bloch C. (2004). El sistema de servicios de salud en Argentina. En: González-Pérez GJ, Vega-López MG, Romero-Valle S, coord. Los sistemas de salud en Iberoamérica de cara al siglo XXI. México: Universidad de Guadalajara; 2004.

 

Belmartino S. Una década de reforma de la atención médica en Argentina. Salud Colectiva; 2005; 21:155-171.

 

Belmartino S. Políticas de salud en Argentina. Perspectiva histórica. Cuadernos Médico Sociales (Ros); 1991; 55: 13-34.

 

Belmartino S. Estado y Obras Sociales: desregulación y reconversión del sistema. Cuadernos Medico Sociales; 1995; 72:5-25.

 

Belmartino S. Transformaciones internas al sector salud: la ruptura del pacto corporativo. Revista

Desarrollo Económico; 1995; 35 (137): 83-103

 

Belmartino S, Bloch C y colaboradores. Crisis y recuperación del gremialismo médico nacional.

Argentina, 1940-1958. Cuadernos Médico Sociales (Ros); 1990; 53: 3-22. Rosario.

 

Belmartino S, Bloch C. La medicina pre-paga en Argentina: su desarrollo desde los años sesenta”

Cuadernos Médico Sociales (Ros); 1993; 64: 5-30.

 

Sistema de Salud en Argentina 155

 

 

Bisang R, Cetrángolo O. Descentralización de los servicios de salud en la Argentina. Serie de Reformas de Política Pública nº 47. Buenos Aires: CEPAL; 1997.

 

Bonazzola P. Argentina: Recursos Humanos en Salud: Contexto y Regulación. En: Pierantoni CL, organizadora. Trabalho e educação em saúde no Mercosul. Brasília, Ministério da Saúde. Río de Janeiro: Editora Europa; 2008.

 

Castro BL, Casal A, de Lellis M. Medicina Prepaga. Políticas públicas y derecho a la salud.

Buenos Aires: Ed. Proa XXI; 2007.

 

CEPAL. Objetivos de desarrollo del milenio. La progresión hacia el derecho a la salud en América Latina y el Caribe. Cap. V y VI. Santiago de Chile: CEPAL; 2008.

 

CEPAL. Estudio económico de América Latina y el Caribe 2009-2010. Santiago de Chile:

CEPAL; 2011.

 

Cetrángolo O. Búsqueda de cohesión social y sostenibilidad fiscal en los procesos de descentra-lización. Serie Políticas sociales, n° 131. Santiago de Chile: CEPAL; 2007.

 

Cetrángolo O., Anlló G. Políticas sociales en Argentina: viejos problemas, nuevos desafíos. En: Kosacoff B, editor. Crisis, recuperación y nuevos dilemas de la economía argentina 2002-2007. Santiago de Chile: CEPAL; 2010.

 

Cetrángolo O, Jiménez JP. Las relaciones entre diferentes niveles de gobierno en Argentina. Revista de la CEPAL nº 84. Santiago de Chile: CEPAL; 2004

 

Cetrángolo O, Jiménez JP. Las relaciones provinciales entre niveles de gobierno en Argentina.

Raíces históricas, institucionales y conflictos persistentes. Serie Gestión pública nº 47.

Santiago de Chile: CEPAL; 2004.

 

CNCPS-FLACSO. Evaluación de los niveles de participación de las OSC en los Consejos Con-sultivos y la capacidad de aprovechamiento de los recursos locales: Informe Final. 2003.

 

COFA. Visión Farmacéutica, anuario 2009-2010. Observatorio de la Salud, los Medicamentos y la Sociedad. 2010.

 

COFESA. Plan Federal de Salud. Política de Recursos Humanos en Salud. Mar del Plata, Buenos Aires, 5 y 6 de julio de 2007.

 

De la Puente C, Tobar F. Políticas y Estrategias de Adquisición de Medicamentos Esenciales:

Un Análisis Sistematizado. Serie de Estudios 4. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2007.

 

De la Puente C, Tarragona S y colaboradores. Propiedad Intelectual y Medicamentos: el caso de

Argentina. Serie de Estudios 9. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2009.

 

De Piero S. Análisis de algunos casos de programas de participación ciudadana en la Adminis-tración Pública Nacional INAP. Documento de Trabajo Nº 8/2010. Buenos Aires: 2010

 

Defensoría del Pueblo de la CABA. Diagnósticos 1: La vigencia de los derechos humanos en la

Ciudad de Buenos Aires a la luz del derecho supranacional. Buenos Aires: 2009.

 

Duré I. Los desafíos y las perspectivas de la formación de los trabajadores técnicos de la salud: la situación en Argentina”. En: Pronko MA, D’Andrea Corbo A, organizadores. A silhue-ta do invisível: a formação de trabalhadores técnicos em saúde no MERCOSUL. Rio de Janeiro: EPSJV; 2009.

 

Duré I, coord. Políticas de Salud. La carrera sanitaria en la Argentina. Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros; 2009.

 

Eurosocial. Políticas y estrategias de medicamentos. Análisis comparados de modelo de expe-riencias en países de América Latina. Eurosocial Salud, Medicamentos; 2008.

 

156 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

Ferrante D, Linetzky B, Konfino J y colaboradores. Evolución de la Epidemia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Argentina. Estudio de Corte Transversal. MSAL Rev. Ar-gentina Salud Pública; 2011; 2(6).

 

Galli A. Situación actual de la educación médica en Argentina, en Educación Médica; 2009; 12 (1)

 

González García G, Tobar F. Más salud por el mismo dinero. 1º ed. Buenos Aires: Ediciones ISALUD; 1997.

 

González García G, Tobar F. Más salud por el mismo dinero. Buenos Aires: Ediciones ISALUD; 1999.

 

González García G, Tobar F. Salud para los argentinos: economía, política y reforma del sistema

de salud en Argentina. Buenos Aires: Ediciones ISALUD; 2004.

 

González García G, de la Puente C, Tarragona S. Medicamentos: salud, política y economía.

Buenos Aires: Ediciones ISALUD; 2005.

 

IEPS. Segundo Informe de Investigación: Medicamentos y Salud. Instituto de Estudios Sobre Políticas de Salud. CTA-APM. IEPS; 2010.

 

INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1991; 1991.

 

INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001; 2001.

 

INDEC. Resultados Preliminares de la Encuesta Nacional de los Hogares (ENGH). 2004/2005; 2006.

 

INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010; 2010.

 

IMS Health. Información estadística de la industria farmacéutica (inédito); 2008

 

ISWA. Residuos y Cambio Climático. Libro Blanco de Ia International Solid Waste Asociation.

Buenos Aires: ISWA; 2010.

 

Katz J y col.. El Sector Salud en la República Argentina; su estructura y comportamiento. Buenos Aires: Ed. Fondo de Cultura Económica; 1993.

 

Maceira D, Paraje G, Aramayo F, Duarte Masi S, Sánchez D. Financiamiento público de la investigación en salud en cinco países de América Latina. Rev. Panam. Salud Pública; 2010; 27(6):442–51.

 

Maceira D. Descentralización y Equidad en el Sistema de Salud Argentino en Flood, Cristina: La política del gasto social: lecciones de la experiencia argentina. Buenos Aires: Editorial La Colmena; 2005.

 

Maceira D. Inequidad en el acceso a la salud en Argentina, Documento de Políticas Públicas/ Análisis n° 52, CIPPEC. Buenos Aires: 2009.

 

Maceira D, Marín Peralta Alcat. El Financiamiento Público de la Investigación en Salud en Argentina. Documento CEDES 52/2008; 2008.

 

Maceira D, coord. Evaluando una estrategia de intervención estatal. La producción pública de medicamentos. Comisión Nacional Salud Investiga. Buenos Aires: MSAL; 2009.

 

Maceira D, Paraje G y colaboradores. Financiamiento público de la investigación en salud en cinco países de América Latina. Rev. Panam. Salud Pública; 2010; 27(6):442–51.

 

Maceira D, Bumbak S, Barbieri E, Peralta M. Control de medicamentos en la Argentina: el funcionamiento de la ANMAT y el INPI. Políticas Públicas /Análisis nº 20. CIPPEC; 2005.

 

Maceira D. Actores y reformas en salud en América Latina, Nota Técnica de Salud nº1/2007; BID; 2007.

 

Sistema de Salud en Argentina 157

 

 

Mera J, Ruiz del Castillo R La Reforma de Salud en el Tercer Milenio. Buenos Aires: Ed.

Dunken; 2000.

 

Mera J, coord. Bases para un Plan de Desarrollo de Recursos Humanos de Salud. Buenos Aires:

MSAL-OPS; 2007.

 

Mera J, editor. Los Servicios de Salud en Argentina. Buenos Aires: Ed. Universitaria a Distancia Hernandarias; 1995.

 

MeyFP. Estimaciones del gasto en Salud. Argentina 1997 y proyecciones (DAGPyPS). Buenos Aires: MeyFP; 2009.

 

MeyFP. Gasto público consolidado 1980-2009 (DAGPyPS). Buenos Aires: MeyFP; 2010.

 

MINCyT. Relevamiento anual de las actividades de ciencia y tecnología, 2007. Buenos Aires:

MINCyT; 2008.

 

MINCyT-UIA. Debilidades y desafíos tecnológicos del sector productivo. Industria farmacéutica.

Buenos Aires: MINCyT-UIA; 2010.

 

MRECIyC. Informe sectorial: sector de productos farmacéuticos. Dirección de Oferta Expor-table. Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior Subsecretaría de Comercio Internacional. Buenos Aires: MRECIyC; 2010.

 

MSAL. Indicadores de salud seleccionados República Argentina, 1980 a 1999 (DEIS). Buenos Aires: MSAL; 2001.

 

MSAL. Ministerio de Salud de la Nación. Plan para la Vigilancia de ENT y factores de riesgo Programa VIGI+A. Buenos Aires: MSAL; 2002.

 

MSAL. Farmacopea Argentina, Séptima Edición, capítulo 1120, Argentina. Buenos Aires:

MSAL; 2002.

 

MSAL. Situación de Salud en Argentina. Buenos Aires: MSAL, 2003.

 

MSAL. 1era Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR). Resultados Principales. Buenos Aires: MSAL; 2006.

 

MSAL. Estadísticas vitales, Información 2005, Serie 5, Número 29 (DEIS). Buenos Aires:

MSAL; 2006.

 

MSAL. Coordinación de Investigaciones e Información Estadística Análisis de ofertas de enfer-mería para el año 2007. Buenos Aires: MSAL; 2007.

 

MSAL. Manual de normas y procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de No-tificación Obligatoria. Revisión Nacional 2007. Buenos Aires: MSAL; 2007.

 

MSAL. Situación de la vacunación en la Argentina. Buenos Aires: MSAL; 2007.

 

MSAL. Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de la Atención Primaria de la Salud.

Buenos Aires: MSAL; 2008.

 

MSAL. 30 Experiencias municipales. VII Jornadas Nacionales de MyCS: Los determinantes de

la salud como política pública. Buenos Aires: MSAL; 2008.

 

MSAL. Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Estadísticas Vitales, varios años.

Buenos Aires: MSAL; 2008.

 

MSAL. Indicadores de salud seleccionados República Argentina, 2000 a 2008 (DEIS). Buenos Aires: MSAL; 2008.

 

MSAL. 2da Encuesta Nacional Factores de Riesgo (ENFR) Resultados Principales. Resumen Ejecutivo. Buenos Aires: MSAL; 2009.

 

158 Sistemas de Salud en Suramérica

 

 

MSAL. Boletín epidemiológico nº 1: Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y Factores

de Riesgo. Buenos Aires: MSAL; 2009.

 

MSAL. Indicadores Básicos. DEIS. Buenos Aires: MSAL; 2009.

 

MSAL. Relevamiento de Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos. Buenos Aires:

MSAL; 2009.

 

MSAL. Boletín Epidemiológico Anual. DEIS. Buenos Aires: MSAL; 2010.

 

MSAL. Boletín epidemiológico n° 3: Perfiles provinciales para dar respuesta a enfermedades no

transmisibles. Buenos Aires: MSAL; 2010.

 

MSAL. Experiencias Municipales. IX Jornadas Nacionales de MyCS: El derecho a la salud en

el Bicentenario. Buenos Aires: MSAL; 2010.

 

MSAL. Ejecución geográfica del gasto del MSAL a través de los programas sanitarios (DES).

Buenos Aires: MSAL; 2011.

 

MSAL. Análisis del gasto en salud y sus fuentes de información en la Argentina (DES). Buenos Aires: MSAL; 2009.

 

MSAL-IDRC. Perfil SANA 2007: Perfil de la Salud Ambiental de la Niñez en la Argentina.

Buenos Aires: MSAL-IDRC; 2008.

 

MSAL-OPS. Indicadores Básicos Argentina 2002. Buenos Aires: MSAL-OPS; 2002.

 

MSAL-OPS. Medición de la función rectora de la autoridad sanitaria en Argentina. Resultados del Taller de Evaluación. Buenos Aires: MSAL-OPS; 2009.

 

MSAL-OPS. Argentina: Pharmaceutical Profile. Buenos Aires: MSAL-OPS; 2010.

 

MSAL-UBA. Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Versiones 2002/2003 y 2004/2005. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación Universidad de Buenos Aires; 2005.

 

MSAL-UBA. Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud” Versiones 2010. Resultados preliminares (mimeo). Buenos Aires: MSAL-UBA; 2010.

 

MTEySS-OPS. Situación Ocupacional de los Trabajadores del Sector Salud. Buenos Aires:

MTEySS-OPS; 2008.

 

Novick M, Rosales C. Desafíos de la gestión de los recursos humanos en salud 2005-2015.

OPS; 2006.

 

OPS. Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud; 1986.

 

OPS. Perfil del Sistema de Servicios de Salud, Argentina, 1ra. Edición, 1998; 2da. Edición, 2001.

 

Ortiz Z, Kochen, Segura E. Sistema Nacional de Investigación de Argentina. Breve descripción del sistema de investigación sanitaria. Comisión Nacional Salud Investiga, Buenos Aires: MSAL; 2008.

 

Palanza V. Espacios de consenso alternativos: los consejos federales de la política social en Argentina (mimeo), 2002.

 

PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos

al desarrollo humano. Buenos Aires: PNUD; 2011.

 

Resende Carvalho S. “Promoción de la Salud, empowerment y educación”, Salud colectiva; 2008; v.4; UNLa.

 

Rodrigáñez Riccheri P, Tobar F. El Consejo Federal de Salud (COFESA.) Argentino: Actor Clave

 

en la Construcción de un Federalismo Sanitario Efectivo. Buenos Aires: OPS-MSAL; 2003.

 

Román V, di Salvo MT. Revista SaberEs; 2010; nº 2: 73-93.

 

Silveri C. La participación como estilo de gobierno, ponencia presentada en la mesa Demo-cracia participativa: desafíos del siglo XXI, Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, 10 de mayo, 2007.

 

el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Buenos Aires: SSS; 2010.

 

Titelman D. Reformas al sistema de salud en Chile: desafíos pendientes. Serie Financiamiento

del Desarrollo, n° 104. Santiago de Chile: CEPAL; 2000.

 

Titelman D, Uthoff A. El mercado de la salud y las reformas al financiamiento de los sistemas de salud, en D. Titelman y A. Uthoff (comps.): Ensayos sobre el financiamiento de la segu-ridad social en salud. Los casos de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Colombia. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica/CEPAL; 2000.

 

Tobar F y colaboradores. El Gasto en Salud en Argentina y su método de cálculo. Buenos Aires:

Ediciones ISALUD; 2002.

 

Tobar F, coord. Reforma de los sistemas de salud en América Latina. Buenos Aires: ISALUD; 1997

 

Tobar F, coord. El gasto en salud en Argentina y su método de cálculo. Buenos Aires: Ediciones ISALUD; 2002.

 

Torres R. Mitos y realidades de las obras sociales en la Argentina. Ediciones Buenos Aires:

ISALUD; 2004.