70 anos dos direitos humanos e a saúde: reflexões de uma breve retrospectiva

13/12/2018 - Giovana Lerda

 

 

 

 

À luz de sete décadas da Declaração dos Direitos Humanos, vale a pena percorrer os principais momentos que marcam como essa agenda se desenvolveu no cenário internacional, desde suas raízes até hoje, em torno aos aspectos que afetam a saúde.

Historicamente, os mecanismos institucionais da esfera global em torno à proteção da vida, a saúde e a dignidade humana surgiram das muitas lições que a guerra e suas trágicas consequências deixaram para a humanidade. Esses tremendos momentos de crise deram origem a pensamentos embrionários sobre o que viria a ser transformado em dois corpos de lei que surgiram de forma paralela (e a partir de preocupações e ansiedades semelhantes), mas que se desenvolveram por diferentes caminhos e com diferentes propósitos: (1) O Direito Internacional Humanitário (DIH) – aqui mencionado por sua relevância, mas nesta ocasião não será abordado – e (2) os Direitos Humanos.

Para dar un breve contexto, el ideal de los derechos fundamentales ciudadanos – como los conocemos hoy – surge a partir del pensamiento filosófico del siglo 18, de la Independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Esta última, movimiento popular que trajo la derrota de la monarquía, estableció la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, basada en los principios de “libertad, igualdad y fraternidad”. Desde ese entonces es reconocida la responsabilidad de una “fuerza pública instituida en beneficio de todos” para garantizar estos derechos (Art.12), y hasta hoy, sus ideales son la base de la cultura francesa, así como la inspiración para varios movimientos por los derechos humanos, incluso la Declaración Universal.

Desde una perspectiva internacional, la idea del tratamiento igual para todos los heridos en un conflicto (base del DIH) surge más adelante, en 1863, a partir de la creación de la Cruz Roja y su preocupación con los efectos de los conflictos armados sobre la población civil. En 1864, la Primera Convención de Ginebra definió un espacio para la ayuda humanitaria y la protección de los heridos en guerra, elevando al nivel internacional el respeto por la salud y la vida humana en conflictos. Las tres Convenciones de Ginebra que siguieron, hasta 1949, definieron el DIH como una responsabilidad internacional de los Estados, y a partir de ahí ese cuerpo del derecho siguió su camino: la garantía a la ayuda humanitaria, cuidados médicos y el respeto a la vida.

El otro camino, de los Derechos Humanos Universales, surge a partir de la catástrofe observada durante la Segunda Guerra Mundial, que movilizó a la comunidad internacional a organizarse para que la valorización de la vida nunca más fuera dejada de lado, a nivel global. De ese movimiento resultó que la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris firmara, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos. El documento, que ha sido traducido a más de 500 idiomas, contiene los 30 artículos que establecen – por primera vez para tantas naciones – los derechos humanos fundamentales, que deben protegerse en todo el mundo y para todos, independiente de género, edad, cultura, raza o etnia.

Pese a que la Declaración de los Derechos Humanos no tiene fuerza legal, si establece un acuerdo sobre un “ideal común para todos los pueblos y naciones[1]“, que tiene su responsabilidad anclada en la soberanía de los Estados y el deber de proteger a su población.

La salud como derecho humano

Entre esos derechos fundamentales, la Declaración incluyó a la salud, en su Artículo 25, que explicita que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”.

La centralidad de la salud y de la determinación social para la salud (los aspectos sociales, medioambientales y culturales que impactan directamente al bienestar de la población) fue reconocida una vez más, y de forma más completa, algunas décadas después, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2] (DESC) (de 1966, entró en vigor 1978), firmado hasta hoy por 169 Estados miembros, incluso todos los países miembros de la UNASUR. Este Pacto busca promover y proteger, entre otros, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, en todos los aspectos: trabajo, protección social, estándares de vivienda, la educación y el pleno gozo de sus libertades, entre otros. Vale un paréntesis aquí para mencionar que el los DESC reflejan conceptos ya contemplados por el “buen vivir” o el “vivir bien”, originario de nuestros pueblos suramericanos (para los curiosos, hay más información aquí).

Volviendo a nuestra retrospectiva. Ese mismo año, 1978, la agenda del derecho a la salud tuvo un gran impulso gracias a la Conferencia de Alma-Ata, organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. La reunión de 134 Estados, 67 organismos internacionales y algunas organizaciones no-gubernamentales, tuvo como eje central una visión inclusiva sobre el derecho a la salud, con enfoque en aquellos más vulnerables, los niños y niñas, y defendió la Atención Primaria como camino para la salud integral.

Avanzando algunas décadas, al ver las crisis humanitarias que aún azotaban a los pueblos más vulnerables, la mirada internacional hacia las urgencias del desarrollo humano llevó a que los países miembros de la ONU lanzaran, en 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), agenda acordada como meta para el 2015, que incluyó a la salud no como una meta en sí, pero de forma pulverizada, un poco en cada uno de los ocho objetivos. A pesar de que aborda aspectos determinantes para la salud y la erradicación de la desigualdad como meta, los ODM no tuvieron una visión integral de la salud[3]. En lugar de eso, abordaron algunos aspectos y enfermedades relevantes, sin pensar de forma sistémica. De todas formas, tener un marco orientador de la dirección a la cual queremos llegar, como humanidad, es importante, aunque las metas no sean alcanzadas.

De esta forma, al no cumplir con las metas dictadas por los ODM, la comunidad internacional nuevamente se juntó en torno a la discusión sobre el desarrollo, y lo que siguió – la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) –, trajo un abordaje más amplio y que abarca más factores relativos a la salud, con sus 17 objetivos que cubren desde: el fin de la pobreza; el acceso al agua limpia y saneamiento; reducción de las desigualdades; y promover la paz, la justicia e instituciones sólidas, entre otros. Esta agenda está, actualmente, siendo ampliamente promovida por los Estados Miembro y aborda la disminución de inequidades, una vez más dando atención a la determinación social de la salud.

No obstante, este año, en el 40º aniversario de la Declaración de Alma Ata, la Conferencia en Astana – organizada nuevamente por la OMS para renovar el compromiso mundial con la Atención Primaria en Salud – cambió aspectos del lenguaje que modifican substancialmente la perspectiva del contenido utilizado en Alma Ata y, de esta forma, trajo un abordaje muy limitado al renovar el objetivo original de los países miembros, de 1978 (lea más sobre el tema aquí).

La perspectiva suramericana

Con el tiempo, es posible observar que la agenda internacional del derecho a la salud se ha ido fragmentando debido a las diferentes vertientes, visiones y abordajes al tema. La división es clara, entre aquellos que promueven la importancia del acceso, versus los que enfocan en la cobertura. El acceso tiene su base en el ideal de la salud universal e integral para todos y todas, y del “buen vivir”, versus la mercantilización de la salud, que no ve al ser humano y su entorno de forma integral y en cambio adopta una visión que aísla ciertas medidas y enfermedades, sin pensar en la totalidad de los problemas y sus raíces.

Por ejemplo, la Declaración de Astana de 2018 habla de “cobertura” en lugar de “acceso” a la Atención Primaria en Salud, dando a entender que la responsabilidad de los Estados debe ser compartida con terceros del sector privado y observa el derecho a la salud bajo una lógica diferente de los orígenes de la Declaración de los Derechos Humanos. De acuerdo a la Declaración, a través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los Estados y sus gobiernos se comprometen a poner en práctica medidas y leyes nacionales compatibles con sus obligaciones y deberes relacionados con los tratados.

En el contexto de la región suramericana y desde una perspectiva de la salud en sociedades con altos niveles de desigualdad, el abordaje debe ser con base en la equidad y la universalidad, con enfoque en la responsabilidad del Estado como proveedor de condiciones que protejan los derechos sociales y colectivos inherentes a una vida digna.

El ISAGS apoya y sostiene la centralidad de los Estados en garantizar el acceso a la salud para todos y todas, visión que se materializa en el desarrollo de sistemas universales de salud, integrales y sostenibles, que respetan el principio de la salud como un derecho humano. Por eso, entre sus objetivos está el fortalecimiento de los gobiernos en salud en la región, de forma a facilitar el intercambio de experiencias entre los países de la UNASUR, desde sus particularidades, y reconociendo el papel decisivo del Estado como institución guardiana del derecho universal a la salud.

[1] Naciones Unidas. – Declaración Universal de Derechos Humanos
[2] United Nations Treaty Collection
[3] OMS – Objetivos de Desarrollo del Milenio

Por Giovana Lerda

Coordenadora de Información & Comunicación ISAGS -UNASUR

giovanalerda@isags-unasur.org

 

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